España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con un mayor número de procedimientos de infracción del Derecho comunitario abiertos en 2015, con 83, solo superado por Alemania -88- e Italia -89-, según datos de la Comisión Europea (CE). Del total, 21 expedientes correspondieron a transposición tardía de la normativa europea y 62 a transposición incorrecta y/o mala aplicación de la misma.
En 2014, el número de procedimientos abiertos contra España fue de 86 -ocupando también el tercer puesto de países incumplidores-: 19 por transposición tardía y 67 por incorrecta.
Las otras dos grandes economías de la UE, Francia y el Reino Unido, cuentan con 80 y 48 procedimientos respectivamente. Croacia, Dinamarca y Malta lideran el ránking de los países más cumplidores con la legislación común, según el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión.
Tres 'tarjetas rojas'
Atendiendo a las materias objeto de la transposición, España recibe tres tarjetas rojas -estar por debajo de la media en cumplimiento-: en regulación sobre contratación pública, cualificaciones profesionales y el EU Pilot -sistema de asistencia a ciudadanos y empresas en la aplicación de Derecho de la UE-.
En todo caso, más allá de la situación concreta de cada país, la CE muestra su satisfacción porque los procedimientos de infracción se sitúen sistemáticamente por debajo del nivel de hace cinco años, en el que se abrieron 1775. En 2015, los expedientes iniciados fueron 1368, una cifra similar a la de los tres ejercicios anteriores.
El informe subraya la evolución positiva en cuando a la eliminación de trabas a la libre circulación a través del diálogo y la colaboración entre la Comisión y los Estados, sin necesidad de recurrir a procedimientos formales. Sin embargo, muestra su preocupación por el estancamiento o incluso retroceso en relación con la innovación y los nuevos modelos empresariales.
Sanción económica
La materia que generó un mayor número de procedimientos por problemas en la transposición de la normativa fue el medio ambiente, con 276 expedientes, seguido de la movilidad y el transporte-241-, y la regulación sobre estabilidad financiera, servicios financieros y mercados de capitales -172-.
Con estos datos, la Comisión se reafirma en su compromiso de garantizar una transposición a tiempo de la legislación comunitaria y recuerda que, en caso contrario, "no dudará" en recurrir al sistema de sanciones económicas. En la actualidad, de hecho, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Eslovenia y Polonia, han sido llevados ante la Justicia europea y se encuentran pendientes de una posible sanción económica por incumplimiento.
