El elevado volumen de litigios en España reduce la inversión

30/01/2016 - 6:00
  • Los expertos alertan de la influencia negativa de la alta tasa de litigiosidad y piden identificar los factores que la impulsan
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La elevada tasa de litigiosidad española, la más alta de los países de su entorno, puede afectar de forma negativa a la inversión y a determinados ámbitos de la economía. En este sentido, los especialistas exigen "identificar correctamente los factores que impulsan esta tasa de litigiosidad y analizar las medidas que reduzcan las externalidades negativas derivadas de un uso ineficientemente intensivo del sistema judicial".

Así lo recoge el informe Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento de la Justicia en España, elaborado por Juan Mora-Sanguinetti para el Boletín Económico del Banco de España. El documento subraya que la calidad del funcionamiento de la Justicia "es relevante para la determinación del grado de seguridad jurídica, los costes de transacción y la eficiencia de la economía".

La citada tasa mide el número de litigios ingresados en los juzgados por ciudadano. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España tiene la cuarta tasa de litigiodisad más alta entre los países analizados, con 0,04 casos per cápita, y sería el tercer país con la tasa más elevada si se calcula respecto del Producto Interior Bruto (PIB).

"Resulta claro que llevar un conflicto a los tribunales produce externalidades en el resto de ciudadanos y empresas", señala el informe. En este sentido, recuerda que la decisión de litigar conlleva costes a otros sujetos implicados y a la propia Administración, lo que puede devilitar la inversión.

Además, apunta al elevado número de abogados españoles como uno de los factores relacionados con el elevado volumen de litigios.

"El número de letrados y las tasas de litigación están relacionados de forma positiva y significativa", apostilla.

Duración de procedimientos

Sin embargo, el documento reconoce una duración media de los procedimientos judiciales que, en general, se situaría por debajo de otras economías que pertenecen al sistema legal de derecho francés, aunque por encima de los países nóricos. "El grado de eficiencia del sistema judicial español, aproximado a partir de la duración media de los procedimientos, se habría mantenido estable en los últimos años", añade. La duración media global de la primera instancia civil en los países de la OCDE se elevaría a 238 días, mientras que en España se sitúa en 272 días.

El informe sostiene que existe una relación directa entre la duración de los procesos y el funcionamiento de la economía. "La economía española seguiría manteniendo una peor posición económica si se la compara con los países de tradición nórdica, pero obtendría un resultado algo mejor que la media de los países de tradición francesa y anglosajona", que presentan una duración de sus procedimientos mayor a la española.

Por otra parte, el documento asegura que el impacto económico del funcionamiento del sistema judicial puede variar según el tipo de procedimiento. Así, el buen funcionamiento de la vía civil "parece crítico para favorecer el tamaño y el crecimiento de las empresas y la entrada de nuevos competidores".

Sin embargo, "es la eficacia del sistema judicial en la fase ejecutiva, es decir, cuando está llamado a hacer cumplir forzosamente las sentencias incumplidas por los deudores, la que hace que aumente el peso del mercado de alquiler frente al mercado de propiedad", asevera.


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