
El Colegio de Registradores ha presentado un recurso contencioso- administrativo contra el Ministerio de Justicia al considerar que excede de su ámbito normativo la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) que regula el funcionamiento del sistema de distribución y gestión de código identificador de entidad jurídica (LEI), que identifica a los intervinientes en los contratos de derivados financieros. ¿Cuánto costará a los registradores el Registro Civil?
Además, la Junta de Gobierno ha presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos (Aepd) contra la web del Ministerio de Justicia, por el empleo de logotipos y datos del Colegio sin su autorización.
Reuniones muy tensas
Las últimas reuniones en el Ministerio de Justicia para negociar la concesión del Registro Mercantil a los registradores han sido muy tensas, sobre todo después de los problemas surgidos en el mes de febrero pasado, con la ejecución del sistema de distribución de LEI.
En una circular publicada por el decano de la institución colegial, Gonzalo Aguilera Anegón, de 19 de febrero, además de anunciar a los colegiados las actuaciones judiciales y administrativas, reconoce que el día 6 de febrero, la vocal del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles recibía una llamada del subdirector general de la DGRN en la que advierte que la DG abrirá expediente a cualquier registrador que utilice una plataforma distinta a la del Ministerio de Justicia para asignar LEI".
La Junta de Gobierno, que había decidido cerrar los puertos para el uso de la firma electrónica de los registradores mercantiles alegando motivos de seguridad ante la falta de comunicación oficial sobre las especificaciones se niega a ello.
La DGRN, con fecha de 18 de febrero de 2014, publicó una resolución en la que recordaba al Colegio de Registradores que la red colegial "está al servicio de los colegiados y vinculada al servicio público, de forma que aquellos puedan cumplir con las obligaciones que derivan de su función , sean estas cuales sean, y el Colegio, como responsable de su gestión, no puede limitar su uso sin el riesgo de asumir responsabilidades derivadas de la imposibilidad de la prestación del servicio público registral por causa de dicha limitación".
Le recuerda a la Junta de Gobierno colegial, la DGRN de la que es cabeza visible Joaquín Rodríguez, que este organismo puede dictar instrucciones a los registradores, bien directamente o a través del colegio profesional y que no está obligada a obtener conformidad del Colegio.
Además, recrimina a la Junta de Gobierno que se hayan dirigido a otros estamentos de la Administración para ofrecer la aplicación elaborada por el Colegio y que se dictasen instrucciones, sin tener competencia para nada ello, "pretendiendo impedir de facto que los registradores mercantiles designados pilotos el cumplimiento de sus obligaciones legales".
La DGRN prohibe al Colegio emplear la expresión Sede Electrónica para hacer referencia a la página web corporativa de la entidad.
Finalmente, fuentes del Ministerio de Justicia explican que el Colegio de Registradores pretende que se incluya una partida económica para la gestión del Registro Civil, a lo que la Administración se niega.
Finalmente, según han confirmado a elEconomista asistentes a la reunión, la tensión se ha extendido incluso dentro del propio Colegio, donde un grupo representativo de registradores mercantiles mostraron ayer el deseo del colectivo de que se acepte la gestión del Registro Civil, a la que se niega la Junta Directiva del Colegio de Registradores en cumplimiento del mandato de la Asamblea General, celebrada el año pasado en Zaragoza, y que supuso un adelanto electoral.