El Registro Civil (RC) les costará a los registradores de la Propiedad y Mercantiles una media anual de 50 millones de euros, con una inversión inicial de 18,5 millones y un pico de inversión en el primer año de funcionamiento de 75 millones, según las estimaciones de un informe elaborado por Accenture por encargo de la anterior Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, presidida por Alfonso Candau.
El informe, al que ha tenido acceso elEconomista, plantea tendencias y escenarios que sirvieron para que la Junta de Gobierno saliente del Colegio formase criterio sobre la conveniencia o no de aceptar las competencias del RC, estima que de aceptarse, el Colegio se posicionaría "como fuente de datos única y fiable sobre la actividad registral para una prestación ágil y eficaz a servicios de organismos públicos, ciudadanos y empresas".
Accentur recomienda en este informe, que lleva fecha de abril de 2013, que se acuerden aranceles en actividades como la expedición de certificaciones, matrimonios y que se establezca una tasa a los notarios en las actividades notariales relacionadas a las del RC.
Si bien, los escenarios de gasto son concisos, salvo en la estimación del seguro, en el capítulo de ingresos la horquilla es bastante menos concisa, abriendo unos escenarios de ingresos que oscilan desde los 46,6 millones de euros, lo que supondría unas pérdidas para el colectivo insostenibles, hasta un total de 170,1 millones de euros, en el caso de que se estableciese un arancel asimilado a los costes de otros países europeos del entorno.
Tanto Justicia como el Colegio de Registradores han reconocido que en ningún momento se ha hablado en detalle sobre el arancel.
Propuestas normativas
El informe indica la conveniencia de eliminar la mención al establecimiento de oficinas en municipios de más de 75.000 habitantes (52 localidades) o de atención al usuario en las vacantes y eliminar el autoservicio para solicitar nacionalidad.
Accentur aconseja la propuesta por el Colegio del traslado del coste de contratación del seguro a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) y posibilitar el cobro a la Administración por la explotación de la información del RC, por ejemplo: "la identificación de fraudes del ciudadano a las Administraciones, simplificación del proceso administrativo, etc.
Con respecto a la recepción del servicio, se recomienda asignar el Ministerio de Justicia el coste del traslado de libros desde las sedes actuales al centro nacional de archivo y digitalización y su traslado final a la ubicación de Patrimonio.
Por otra parte, Accentur se refiere a la necesidad de acordar el coste de la digitalización y del despliegue de la estrategia de comunicación sea asumido por el ministerio.
Se cierra este capítulo con la recomendación de que se posibilite al Colegio el uso de inmuebles del patrimonio inmobiliario del Estado para implantar nuevas sedes de actividad del RC; y fijar plazos de compromiso por parte del ministerio para la entrega de la base de datos del RC.
Un calendario caducado
El calendario incluido en el borrador del anteproyecto de la DGRN establecía la entrada en vigor del nuevo Registro Civil en julio de 2014 y la entrega de la base de datos para agosto de 2013. Sin embargo, la negativa del colectivo, en la Asamblea Plenaria de Zaragoza, en la que se rechazó la asunción de las nuevas competencias, ha hecho que no se cumplan las previsiones del Departamento del que es titular el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Para lograr el mejor funcionamiento del RC, el informe de Accenture propone el establecimiento de un servicio de cita previa, que supone un modelo diferente de relación con el ciudadano, que permite el trabajo coordinado e integrado de todos los profesionales del RC. Se basa en una nueva organización del trabajo y en la utilización intensiva de nuevas tecnologías.
Dice también el informe, que la adopción de esta medida supondría mejoras para el ciudadano, ya que se eliminarían los tiempos de espera en las oficinas; desplazamientos mínimos al ser reconducidos los ciudadanos a la Oficina de Registro Civil o de Atención al Usuario más cercana; y flexibilidad, al permitirse la elección de la cita que más se adecue al horario personal del ciudadano.
Para el Registro Civil, supondría una mayor flexibilidad organizativa; mayor previsibilidad; eliminación de picos y valles de actividad en la oficina; y minimización del espacio dedicado a sala de espera en las oficinas de Registro Civil y de atención al usuario al minimizarse el tiempo de espera.