"El principal problema de la reforma laboral es que ha llegado notablemente tarde, ya que salió en febrero y no se aprobó el Reglamento hasta casi finales de año", ha afirmado a elEconomista Iván Gayarre, socio de Sagardoy abogados y abogado del Estado, exjefe del Departamento Social, encargado del asesoramiento, representación y defensa del sector público del Estado en materia laboral.
Los empresarios se han encontrado con el problema de tener que afrontar las regulaciones de empleo sin unas normas que les dijesen cómo tenían que actuar, lo que ha llevado a que haya sido la jurisprudencia la que durante este tiempo haya tenido que establecer los límites y se han perdido muchas oportunidades de incluir mejoras sociales en el proceso de negociación.
"Durante el primer año no ha concordado el titular de la reforma que era: se pueden hacer ajustes con seguridad; con lo que te encontrabas realmente al hacer el ajuste, que era la falta de una norma reglamentaria. De ahí que muchas sentencias hayan sido contrarias a muchos aspectos de la reforma y, ahora que se puede seguir el Reglamento, esos fallos se equilibrarán.
Gayarre considera también que el Preámbulo de la Ley hiciese una mención expresa al poder judicial, focalizándole como uno de los focos del problema, anunciaba el tipo de problemas vivido.
Sobre la primera sentencia anulatoria de un ERE por parte del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 2013 (ver elEconomista de 23 de abril de 2013) el socio de Sagardoy señala que el problema no era tanto de aplicación de los términos legales de la reforma, sino de estructura del propio grupo de empresas, ya que en ella había numerosas irregularidades, como por ejemplo confusión empresarial, e incluso cesión de trabajadores.
Considera Gayarre que en los ERE se pueden negociar muchas cosas, incluso siendo empresas públicas, como es el caso de la Sociedad Pública de Alquiler y de la Fundación y Transporte. Así, si no se puede negociar más que un despido con 20 días de compensación, porque la situación de la empresa lo impide por sus cuantiosas pérdidas, se puede negociar otra serie de asuntos como el que puedan concluir las acciones formativas o darles tiempo en los últimos meses para que puedan salir a buscar un nuevo empleo.
"Si justificas que no puedes pagar más dinero no te pueden acusar de actuar de mala fe", justifica el letrado al referirse a la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 2013, que establece que es válido el despido colectivo llevado a cabo por una empresa, a pesar de que no negocie con los trabajadores, cuando su situación económica es tan "calamitosa" que su única salida es la liquidación y el cierre.
Anulado el primer ERE de la reforma
