La lentitud de la Justicia requiere abordar un "pacto de Estado donde estén presentes todos los operadores jurídicos, para garantizar un servicio público de calidad", tal y como aseguró ayer Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el marco de un desayuno informativo organizado por el Club Internacional de Prensa.
Se trata de una labor necesaria "ahora más que nunca", ya que, dado el contexto de crisis y los "graves problemas de eficacia y eficiencia de la Justicia", hay que hacer que ésta "sea rentable" y, en este sentido, "sobre todo son necesarias buenas ideas, por encima de grandes presupuestos". Por ello, emplazó al nuevo Gobierno a llevar a cabo una necesaria reforma que "debe ser prioridad", si bien no contempló que sea necesario introducir fórmulas como "tasas o copagos", que "responsabilizan al ciudadano del problema".
Bravo adelantó que, aunque es necesario dotar a los juzgados y tribunales españoles de un mayor capital humano, el problema es "mucho más profundo". El modelo actual está "agotado, y no permite rentabilizar los recursos". Por ello, la portavoz del CGPJ pidió "revisar el concepto de juzgado, ya que éstos suponen un coste muy elevado que no se corresponde con su rentabilidad".
Del mismo modo, consideró imprescindible un "mejor reparto de asuntos" y una "mejor implantación de las nuevas tecnologías, que permita aumentar el número de jueces pero no necesariamente con la estructura de edificios, etc., que supone crear más juzgados".
En esta línea, Bravo se refirió también a la necesidad de potenciar, en una "nueva era" de la Justicia, los servicios comunes, así como la implantación de los tribunales colegiados de instancia. Los pilares de la reforma que debe llevarse a cabo, aseguró, se encuentran en el Plan de Modernización de 2008 y, en este sentido, es "muy importante la reorganización de un nuevo diseño de la planta judicial", algo que consideró "una cuestión de Estado". Habrá que "reagrupar", por tanto, los partidos judiciales, reformando una Ley de Demarcación y Planta que no se ha adaptado al aumento de la población española ni a la "mayor complejidad" de los asuntos.
La portavoz justificó con cifras sus propuestas: la incidencia de la crisis en la Justicia ha llevado a que en los últimos diez años aumente la litigiosidad en un 33 por ciento, afectando sobre todo a los juzgados de lo mercantil, social y civil.
Por ello, aunque alabó el esfuerzo llevado a cabo el pasado año reformando el acceso a la segunda instancia, resaltó que ahora toca hacer un esfuerzo en primera instancia. En este ámbito es donde "se están sufriendo más intensamente los efectos de la crisis", sin que el "grandísimo esfuerzo de los jueces para evitar el colapso, y los planes de choque se han puesto en marcha, hayan evitado que la carga de trabajo siga incrementándose".
Jueces especializados
Bravo pidió también la especialización de los jueces, lo que "va a favorecer un conocimiento más profundo de los asuntos" mientras que el juez "va a necesitar menos tiempo para poder conocer un caso". Además, con esta fórmula "se gana más certeza y calidad".
Enjuiciamiento Criminal
La portavoz también se detuvo en la necesidad de abordar una "reforma íntegra" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que cuenta con 130 años de vigencia y que se ha parcheado en numerosísimas ocasiones". En este sentido, recordó que la coyuntura económica ha pasado factura especialmente a la jurisdicción penal, que suma "un 71 por ciento de los procesos que entran en los juzgados".
Por ello, es necesario un "nuevo proceso que regule aspectos como la obtención de la prueba, el secreto de actuaciones, y que configure una doble instancia", implantando la "cultura de la conciliación y la mediación".
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, además, deberá introducir procedimientos "menos burocráticos y más sencillos para los asuntos menos complicados". Asimismo, consideró importante "configurar una verdadera policía judicial, que agilizaría el procedimiento".
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