La agilización de la Justicia pasa por "adaptar el proceso al problema" y, en este marco, una de las soluciones es "evitar el recurso porque sí". Por ello, según comentó ayer Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la "segunda opinión" judicial debería pagarla "quien la pide".
En el marco de un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley/Wolters Kluwer, explicó que "alrededor del 95 por ciento de los fallos que se acaban ejecutando son los de primera instancia" y censuró la tendencia a "recurrir porque es gratis". En este sentido, aseguró que la reducción del número de asuntos por habitante "se puede hacer sobre la estructura que tenemos", "acabando con el papel y agilizando procedimientos".
Dorado se posicionó a favor de los criterios interpretativos que el Tribunal Supremo ha publicado recientemente sobre los requisitos que deben concurrir en un asunto para poder recurrir en casación civil. La Ley de Medidas de Agilización Procesal, aprobada a finales de 2011, elevaba la casación para aquellos asuntos de más de 600.000 euros, criterio que ahora suaviza el Supremo. En opinión de Dorado, "que la cuantía fuera tan determinante no me parecía bien", ya que lo importante debe ser "el interés jurídico" del asunto. "Es más importante que haya interés casacional", por lo que "la idea es que el modelo sea más como el de ahora".
Modernizar la Justicia
Por otro lado, se refirió al proyecto de modernización de la Justicia que se inició en 2004 -basado en el establecimiento de Oficinas Judiciales- que, a pesar de ser un "gran modelo", sin embargo, su implantación "ha sido deficiente", tanto por una "mala comprensión" del plan como por un "déficit organizativo".
De ahí que sea necesario avanzar en algunos puntos, como en la implantación del expediente judicial electrónico, que "funciona en otros países sin ningún problema".
Además, aseguró que "tenemos un sistema de Justicia fronteriza del siglo XIX que no hace falta mantener", y resaltó que, con un presupuesto limitado, "no podemos seguir con el modelo actual. Por ello, reclamó una reforma de la Ley de Demarcación y Planta y "la puesta en marcha de forma inmediata de los tribunales de instancia".
'Casa de la Justicia'
Apeló también el vocal del CGPJ a "una nueva concepción de la Justicia" encaminado a un "modelo abierto y amplio donde la solución judicial sea una parte del sistema y no el sistema en sí". Así, se refirió a la necesidad de impulsar instrumentos extrajudiciales como la mediación y el arbitraje, creando "una especie de Casa de la Justicia que ofrezca varias soluciones al ciudadano". Un modelo, en definitiva, "donde el proceso se adapte al problema que se plantea".
Asimisimo, se refirió al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el ministro Caamaño poco antes de finalizar la legislatura. En este sentido, criticó la falta "de un debate cuando no se tenía mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto". Y es que, dijo, "trabajar en una Ley sin consenso es un error".
Finalmente, respecto de las declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que reformará los criterios de nombramientos del CGPJ y de los requisitos de acceso de los magistrados al Tribunal Constitucional, se mostró partidario de volver al "sistema de elección de los jueces por los jueces".
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