El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, ha advertido que los jueces están asumiendo un rol que no les corresponde, ante la incapacidad de los poderes legislativo y ejecutivo para alcanzar consensos. Durante el IV Encuentro Jurídico, organizado por el propio Consejo y el Colegio de Madrid, bajo el lema "De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI", Santiago ha alertado sobre el creciente protagonismo político del poder judicial, en un contexto de polarización y debilidad institucional.
"El juez ha pasado de ser la voz de la ley a convertirse en un actor activo", ha señalado, destacando la autoría de esta afirmación en palabras del magistrado Juan Carlos Campo, subrayando cómo la evolución del Estado constitucional ha obligado a los tribunales a ponderar principios en conflicto. Esta transformación, sin embargo, ha generado tensiones con la soberanía democrática y ha expuesto a la justicia a acusaciones de gobernar "desde las togas".
Santiago ha denunciado que la creciente judicialización de la política convierte a los tribunales en campos de batalla simbólicos, donde se proyectan conflictos no resueltos por la vía parlamentaria. A esto se suma el riesgo del 'lawfare', el uso estratégico del derecho como arma política, que ha afectado a numerosos países latinoamericanos. En España, aunque en menor medida, también se perciben signos de instrumentalización judicial en causas mediáticas y procedimientos que acaban siendo un castigo en sí mismos.
El auge del populismo, ha añadido, agrava la situación. Líderes que se presentan como la voz del pueblo atacan a jueces y fiscales, socavando su independencia mediante reformas legales o maniobras de desprestigio. "Cuando todo depende de un juez, es que algo está fallando en la política", ha advertido.
Para recuperar el equilibrio institucional, el presidente de los gestores administrativos ha abogado por una verdadera independencia judicial, tanto formal como práctica, lo que pasa por despolitizar los órganos de gobierno de la justicia y blindar a los jueces frente a presiones externas. Reclamó también una justicia comprensible, adaptada a los nuevos desafíos tecnológicos y capaz de explicar sus decisiones con claridad.
"La defensa de la Justicia no es una cuestión corporativa, sino democrática. Donde la justicia pierde legitimidad, el poder se queda sin límites. Y ahí, peligra la libertad", ha concluido Santiago.
Debilidad de la política
El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su parte, ha advertido de la "derivación del protagonismo" entre los poderes del Estado, con una creciente influencia del poder judicial ante la debilidad de la política.
Campo ha ilustrado este fenómeno con casos como la anulación del cierre del Parlamento británico, la repetición electoral en Rumanía o la decisión del Supremo de Estados Unidos en 2000. A su juicio, asistimos a una "inflación judicial" y una "devaluación de la política", agravada por la falta de consensos parlamentarios, el exceso legislativo y la judicialización de conflictos sociales.
Entre las causas, ha citado el tránsito a democracias constitucionales, la saturación normativa, la escasa concreción legal y la pasividad de los legisladores. "Los jueces resuelven porque los parlamentos no legislan", denunció. Y advirtió: "Los jueces no están llamados a resolver debates morales ni a suplir a líderes incompetentes".
Campo ha abogado por restaurar la legitimidad de la política, fortalecer el Parlamento y preservar la neutralidad judicial. "El juez no debe ser parte de la batalla. Su papel es proteger al ciudadano", concluyó.
El deber ético de los jueces
La jornada ha contado con tres mesas de debate, en las que se ha reflexionado sobre la independencia judicial, la fragilidad del marco constitucional ante la presión política y el papel de los medios de comunicación en la percepción de la Justicia.
La primera mesa, titulada 'Tribunal Supremo: el reto de garantizar derechos en tiempos de crisis', ha reunido a los magistrados del TS Antonio del Moral y Juan Pedro Quintana, quienes han concluido que, si bien los jueces gozan de libertad de expresión como cualquier ciudadano, su función esencial para el Estado de Derecho les impone un deber ético y deontológico de neutralidad política y de abstención de ciertos debates públicos.
Antonio del Moral y Juan Pedro Quintana y el periodista Marcelino Abad. Foto: eE
Además, han concluido que la tensión con el poder político es inherente al sistema, pero se vuelve problemática cuando se recurre a la descalificación o a intentos de influencia sobre la actividad judicial. La confianza ciudadana en la Justicia es el valor más preciado, y su preservación exige que los jueces, y en gran medida también los políticos, actúen con prudencia y respeto hacia los roles y espacios de cada poder del Estado. El uso de nuevas plataformas como las redes sociales presenta nuevos desafíos que requieren también de cautela para no comprometer la imparcialidad e independencia judicial.
Los participantes han abogado por la necesidad de analizar más a fondo las implicaciones del uso de redes sociales por parte de los jueces y las posibles normativas o guías necesarias. También, por continuar el debate sobre cómo fomentar una cultura de respeto mutuo entre el poder judicial y los otros poderes del Estado, especialmente en el ámbito político. Y, finalmente por considerar iniciativas para educar al público sobre el papel del poder judicial y las limitaciones de la libertad de expresión de los jueces para preservar su independencia e imparcialidad.
Los jueces procesaron y juzgaron por corrupción a 146 personas en 2024.
Los magistrados del Tribunal Constitucional José María Macías Castaño y Luís López Guerra protagonizaron el segundo coloquio centrado en la interpretación jurídica y la presión política. el funcionamiento efectivo de los tribunales, especialmente del Tribunal Constitucional, depende no solo de la pericia jurídica individual, sino también de factores interpersonales y de una cultura de diálogo y adaptación. La capacidad de negociar, buscar el consenso y mantener relaciones respetuosas entre los magistrados se presenta como fundamental para ofrecer una interpretación coherente y evolutiva de la ley y la Constitución. Se plantea la necesidad de que la cultura jurídica siga evolucionando, superando dogmatismos y adaptándose a los desafíos contemporáneos.
Los magistrados del TC Luis López Guerra y José María Macías Castaño y el periodista Carlos Berbell. Foto: eE
En la tercera mesa. la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el periodista Antonio Hernández-Rodicio, cerraron el IV Encuentro Jurídico analizando la "extensión" de la Justicia a la política y el papel de los medios de comunicación. Batet señaló que el Poder Judicial debe mantener sus propias reglas del juego, sin dejarse arrastrar por lógicas partidistas o mediáticas: "Uno de los grandes problemas de nuestra democracia es la judicialización de la política. Los jueces están cada vez más sometidos a resolver problemas políticos con armas que no son políticas, son jurídicas".
Por su parte, Hernández-Rodicio habló sobre el papel de los medios de comunicación y las Redes Sociales en la construcción de la percepción pública sobre la Justicia. A este respecto, ha señalado que "no solo se trata de juicios en paralelo, sino que son campañas movilizadas, coordinadas y muchas veces financiadas para influir en las sentencias".
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