José María Ruiz-Mateos, el fundador de Rumasa, fallecido el pasado lunes y enterrado el martes en la localidad gaditana de Rota, quiso que todo quedara atado tras su muerte. Pero los más de 50 procesos judiciales que tenía abiertos contra él, tanto por la vía penal como civil, y el embargo decretado por la Audiencia Nacional de todos sus bienes lo han imposibilitado. El patriarca del clan acordó repartir todo su patrimonio entre su mujer, Teresa Rivero, y sus trece hijos.
Para ello, en 2005, poco antes de que Nueva Rumasa entrara en concurso de acreedores y acabara posteriormente en liquidación, Ruiz-Mateos encargó a Joaquín Yvancos, su abogado de confianza en ese momento, la elaboración de un testamento. El problema, según las fuentes consultadas, es que ya no queda nada a su nombre.
"Lo que hay está en manos de testaferros y el resto o está embargado o se ha traspasado a terceros tras los concursos de acreedores que atravesaron las empresas", explica Yvancos. Resulta así muy complicado que los hijos puedan heredar algo, que no sean las deudas generadas por la posible responsabilidad civil de las causas que siguen abiertas.
Aunque Ruiz-Mateos podría haber cambiado el testamento o haber redactado uno completamente nuevo en estos últimos años de su vida, en su entorno familiar creen que es muy poco probable. Eso, en cualquier caso, sólo se sabrá si la familia acude al Registro General de Últimas Voluntades. En el testamento de 2005, al que ha tenido acceso elEconomista, el empresario jerezano establecía que sus siete hijas debían renunciar a las compañías de Nueva Rumasa a cambio de quedarse con dinero y activos inmobiliarios (tres casas para cada una de ellas). Los negocios quedaban así sólo para los seis varones, que debían comprometerse además a asumir las cargas hipotecarias de las casas de sus hermanas, liberándolas de ellas a sus vencimientos ordinarios. Cada una de las hermanas Ruiz -Mateos firmó para ello un acta de renuncia voluntaria a las empresas, aunque el testamento establece también que tanto unos como otros debían "hacer cada dos años un acta de manifestaciones ante notario indicando que el acuerdo adoptado el 27 de febrero de 2004 está desarrollándose a su entera satisfacción" y eso es algo que en los últimos años no estaba ocurriendo, puesto que los hijos no pagaban las hipotecas de sus hermanas.
Su idea era que la gestión del grupo empresarial, ahora desparecido, seguiría siendo además de José María Ruiz-Mateos (hijo) hasta su fallecimiento, aunque eso carece ya de sentido, una vez desaparecido el entramado.
Reparto de la indemnización
El creador del imperio de la abeja, que confesaba en el testamento ante notario que "profesa la religión católica, apostólica, romana, fe y creencias en las que ha vivido y desea seguir viviendo y morir, y haber vivido toda su vida bajo el especial manto protector de la Virgen María", tenía una especial confianza, por otro lado, en que el Estado le iba a recompensar por la expropiación de la antigua Rumasa y solicitaba que el dinero se repartiera a partes iguales entre sus hijos y su esposa, Teresa Rivero.
"El justiprecio a recibir del Estado por la expropiación (incautación de Rumasa) será a repartir en su día entre los 13 hijos, y una catorceava parte para Doña Teresa, con un mínimo de 60 millones de euros". Es decir, que aunque no han tenido ninguna sentencia favorable en este sentido y el Estado ha dicho ya en numerosas ocasiones que no hay absolutamente nada que pagar, esperaban ingresar al menos 840 millones para repartir entre la esposa y los trece hijos.
Si el supuesto justiprecio a recibir por la expropiación de Rumasa, una vez dividido por 14 partes, fuera superior a 60 millones, "mis siete hijas deberán ratificar su voluntad de renunciar a favor de sus hermanos varones de las cantidades que les quedaran por recibir de los mismos como compensación a su renuncia en la gestión y propiedad de las empresas que constituyen Nueva Rumasa".
Los yernos, excluidos
Con su peculiar suficiencia, Ruiz-Mateos dejó plasmado en el documento la "orden" expresa de excluir a los maridos de sus hijas del derecho de transmisión de bienes. Prohibió así que pudieran traspasar parte de la herencia a sus esposos o a cualquier pariente de éstos hasta el sexto grado. Por el contrario, se contempla que "en caso de premoriencia, renuncia o incapacidad para suceder de los instituidos, sustituye vulgarmente a cada uno de sus trece hijos por sus respectivos descendientes o estirpes, determinándose dentro de cada una los llamados sustitutos vulgares de los herederos".
La muerte del patriarca del clan deja el testamento bloqueado en un momento en el que la Audiencia Nacional mantiene todos los bienes embargados y la Fiscalía Anticorrupción sospecha que la mayor parte de ellos permanece en el extranjero. Fuentes cercanas a la familia apuntan a que ninguno de los hijos -protagonistas de una mala relación familiar- reclamará su parte ante la situación judicial actual.
Según el empresario, las siete hermanas debían recibir desde 2004 una "donación en vida" por la cantidad equivalente a la terceava parte de los bienes inmuebles del empresario, mientras que los hijos varones obtendrían el mismo concepto en valores mobiliarios, algo que probablemente no haya ocurrido.
