La Audiencia Nacional ha acordado rebajar de 30 a 10 millones de euros al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán en el marco del 'caso Crucero', en el que se investiga el vaciamiento de su patrimonio para burlar a sus acreedores, al considerar que podría resultar "excesiva".
Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se admite parcialmente un recurso de la defensa de Díaz Ferrán y se acuerda rebajar la fianza por la situación de arraigo del expresidente de la CEOE, que vive en Madrid con su mujer, y su avanzada edad, ya que tiene 70 años.
El tribunal, no obstante, justifica el mantenimiento de la fianza apuntando que se trata de "una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo, que afectan a una gran pluralidad de víctimas".
El pasado 5 de diciembre, el juez Eloy Velasco ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 30 millones de euros. El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 imputó al expresidente de la patronal cinco delitos: alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Junto con Díaz Ferrán, que ingresó en la cárcel de Soto del Real, Velasco impuso una fianza de 50 millones de euros, la mayor impuesta en la historia judicial española, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo.
De Cabo es el dueño de la empresa Posibilitum, a la que se investiga por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos. Losada también es el actual administrador de Nueva Rumasa, que el entramado adquirió a la familia Ruiz Mateos cuando se declaró en concurso de acreedores.
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir su patrimonio a paraísos fiscales y ocultar la propiedad de sus bienes, entre ellos un yate y dos pisos de lujo en Nueva York, con la intención de no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.
Díaz Ferrán: Investigan si hay más dinero oculto