Los cambios administrativos de última hora y la falta de información están generando un caos en torno a las recientes modificaciones sobre las normas de acceso a la jubilación anticipada, que dejarán sin ingresos durante al menos dos años a unas 35.000 personas al retrasar su posibilidad de retiro anticipado.
Esta es la cifra que, de manera aproximada, han facilitado fuentes del Ministerio de Empleo a Europa Press con respecto al malestar y las quejas procedentes tanto de afectados como de los sindicatos. Cada año, unas 7.000 personas sin empleo, contando hasta 2018, no podrán acceder a su jubilación anticipada debido a unos nuevos criterios de interpretación que acotan aún más su acceso y que se han aprobado en los últimos dos meses.
El pasado 13 de junio, el departamento que dirige Fátima Báñez modificó el requisito por el que afecta a los parados con convenios especiales ordinarios con la Seguridad Social, ya que los somete a la última reforma de las pensiones, del año 2013, sobre las prejubilaciones. Un poco más tarde, el 1 de agosto, se incluyó a aquellos que, teniendo un convenio suscrito, estuvieran cobrando a la vez un subsidio por desempleo.
¿Qué es un convenio especial? Una fórmula mediante la cual aquellos despedidos en un ERE o de forma individual con necesidad de generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones de la Seguridad Social podían abonar sus cotizaciones hasta que cumplieran los requisitos para poder acceder a su pensión antes de tiempo.
Se trata de un recurso habitual cuando los trabajadores que ya solo cuentan con el subsidio de desempleo de mayores de 55 años, que cotiza por la base mínima, intentan completar sus carreras de cotización haciendo aportaciones para que la pensión final no se vea excesivamente afectada.
La excepción
En 2013, la normativa cambió y estableció diferencias según el origen del cese: si era a través de un despido colectivo, se permitía el retiro a los 61 años, y si era con un despido individual, se retrasaba a los 63 años.
Sin embargo, se incluyó una excepción, vigente hasta el 1 de enero de 2019, por la que eximía de este cambio a los despedidos antes del 1 de abril de 2013 si en ese tiempo no volvían a incorporarse a "alguno de los regímenes de la Seguridad Social".
¿Cuál es el problema entonces? Que con las modificaciones de este año, los parados supuestamente eximidos de la reforma de 2013 quedan, automáticamente, sometidos a su aplicación, porque ahora se considera el convenio especial ordinario -sí se excluyen otras modalidades de convenios especiales- como una nueva alta en "alguno de los regímenes de la Seguridad Social".
Como consecuencia, los afectados no podrán retirarse a los 61 años, sino a los 63 años. Y, durante este periodo, seguirán sin percibir ningún tipo de prestación al tiempo en el que deben seguir haciendo sus aportaciones a la Administración.
"El objetivo de esta medida era garantizar la protección social de los trabajadores de edad avanzada cuando habían sido despedidos, de modo que para jubilarse no se les exigiese requisitos distintos a los que ya tenían en el momento del despido", explican desde CCOO, uno de los sindicatos que ha rechazado estos cambios. También UGT ha exigido al Gobierno que rectifique. Los sindicatos elevan a 132.000 la cifra de trabajadores en esta situación, a fecha de julio.
Desde el Ministerio de Empleo aseguran a EP que no han cambiado de criterio y que se han limitado a "aclarar" las distintas interpretaciones. También precisan que no todos los despedidos de los 35.000 afectados tienen intención de prejubilarse a los 61 años y además, apuntan, en la mayoría de estos casos, se trata de altos directivos que salieron de grandes empresas y que cuentan con pensiones máximas.
Por su parte, varios de lo afectados ya han anunciado que emprenderán acciones legales, según recoge el diario El País.
¿Cuál sería su edad ideal de jubilación?
