Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, ganó en sus últimos dos años al frente de la caja 10,3 millones de euros. Y aun así, consiguió que Hacienda le devolviera por ese periodo un total de 107.474 euros, según consta en sus declaraciones de la renta, a las que ha tenido acceso elEconomista, y que están depositadas en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, en el que se investiga la compra del City National Bank of Florida.
De acuerdo siempre con estas declaraciones, en 2008 Blesa ganó 3,14 millones de euros y el fisco le tuvo que devolver 45.830 euros; en 2009 su retribución se elevó a 3,45 millones y la devolución fue de otros 43.702 euros. En 2010, sólo trabajó durante el mes de enero, pero aun así ingresó 3,71 millones -incluido el pago de una indemnización de 2,8 millones-, consiguiendo que Hacienda le devolviera 17.941 euros. Blesa ocultó en el IRPF las tarjetas negras.
En sus últimos siete años al frente de la entidad, Miguel Blesa ganó 20 millones de euros. En 2007, además, cuando empezaba la crisis económica, su sueldo se duplicó, pasando de 1,7 a 3,5 millones de euros.
Todos estos ingresos no impidieron, sin embargo, que siguiera haciendo uso de su tarjeta de crédito black a efectos fiscales, de acuerdo con la propia terminología usada dentro de la entidad, e intensificando de hecho las compras, cuando sabía que su tiempo al frente de la caja había terminado. Podría ir a la cárcel hasta 10 años por esas tarjetas "en B".
Gastos en vino y safaris
De acuerdo con la documentación que figura ya en manos de la Audiencia Nacional, parte de la cual fue adelantada ayer por el diario El País, entre 2003 y 2012 Blesa se gastó, por ejemplo, 10.000 euros en vino, 9.000 euros en viajes a Sudáfrica y 2.000 euros en joyería, además de ropa de marca y comidas en restaurantes de lujo como Horcher o Jokey. No obstante, el informe entregado por Bankia y que está analizando ahora la Fiscalía Anticorrupción destaca también que al margen de su sueldo como presidente de Caja Madrid, el banquero, que aprobó las oposiciones como inspector de Hacienda, hizo disposiciones de efectivo con la tarjeta, sin declararlas en ningún caso al fisco.
Así, la Fiscalía explicó que no consta que los tenedores de las tarjetas hayan declarado las sumas percibidas, puesto que estaban fuera de cualquier tipo de control, se sospecha que la entidad tampoco aplicaba las oportunas retenciones.
Ahora la Agencia Tributaria va a investigar a los 86 directivos de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas opacas, fuera del circuito ordinario, y que en total llegaron a gastar más de 15 millones de euros en una década.
De momento, y según las primeras diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, se ha comprobado que no existía ningún soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil) ni previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno.
En este sentido, los fiscales Luis Rodríguez Sol y Alejandro Luzón mantienen que "no consta que los tenedores de esas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes".
Es el caso, por ejemplo, de Miguel Blesa, que no reflejó nada en sus declaraciones de la renta, adelantadas por este periódico el pasado viernes. Tampoco consta que ni Caja Madrid primero, ni Bankia después, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, hiciera ninguna retención al respecto.
Posible delito fiscal
Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Ministerio de Hacienda, explica que ninguno de los directivos habría cometido delito fiscal, al no haber sobrepasado los 120.000 euros defraudados en un solo año, pero otra cosa distinta es la entidad. El problema, según Cruzado, es que "aunque sí que se podrían perseguir las infracciones adminitrativas cometidas por los ejecutivos, el posible delito fiscal de la caja prescribe a los cinco años". Es decir, que prácticamente todo el fraude cometido durante la etapa de Blesa al frente de la misma -abandonó Caja Madrid en enero de 2010- no podrá ser juzgado.
En cualquier caso, y más allá de la posible prescripción del delito, el bufete de abogados Herbert Smith Freehills, al que Bankia ha contratado para elaborar un informe sobre el presunto uso irregular de las tarjetas, no aprecia delito en el uso de las mismas.
Así burlaba Blesa a Hacienda
