
El mensaje le llega alto y claro a los dirigentes europeos desde fuera. A menos que no enmienden el rumbo con reformas estructurales que mejoren sus mercados y, sobre todo, con un paquete de inversión ambicioso, Europa camina hacia una nueva recesión.
El problema es que, como reconocen fuentes europeas a elEconomista, no se sabe cómo financiar este gran plan de estímulo que se quiere tener listo antes de que termine el año. El presidente electo de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, fijó el pasado julio la cifra de 300.000 millones de euros, que pretendía movilizar a partir de los fondos europeos disponibles y el músculo financiero del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Pero Juncker está encontrando dificultades para movilizar estos recursos. "Necesitamos usar todos los instrumentos disponibles", insistió ayer tras la reunión de los ministros de Finanzas del euro (Eurogrupo), Jyrki Katainen, llamado a capitanear el paquete de inversión desde su futura Vicepresidencia de la Comisión.
Algunas posibilidades
Entre los recursos en el radar, el más poderoso son los 500.000 millones del Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede). Juncker ha estado en contacto en las últimas semanas con el director del Mede, Klaus Regling, para sondear las posibilidades técnicas y legales.
El alemán le advirtió que, de manera temporal, se podrían usar hasta 100.000 millones de euros no para un desembolso directo, sino como garantía de los fondos que movilice el BEI, para que así este último no pierda su máxima calificación en los mercados si se estira al máximo su apalancamiento.
Sin embargo, este paso requiere cambiar por unanimidad del mandato del Mede. Alemania, de nuevo, ya ha dicho que está en contra. "Es bastante difícil", reconoció el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, también presidente de la Junta de Gobernadores del Mede. "No creo que sea nuestra primera opción, ni la más viable, pero esta abierta a debate".
Si el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, descartó esta opción en su llegada al Eurogrupo, si parecía abierto a incrementar el capital del BEI. "No está fuera del radar", reconoció Katainen, pero añadió que la realidad no es tan sencilla, y que primero se debe analizar el uso dado a la ampliación por 10.000 millones del pasado año y cómo mejorar la financiación de proyectos con un impacto horizontal. Los ministros de Finanzas de la UE discutirán hoy áreas prioritarias a las que dedicar el gran estímulo fiscal.
Este programa de inversión será parte del "nuevo pacto" que las capitales y Bruselas preparan, y quieren sellar en la próxima cumbre de líderes del 24 de octubre. Esta respuesta "global" debe ser, en opinión del ministro de Economía, Luis de Guindos, "coherente", "creíble" y "bien trasmitida a los mercados".
Junto al estímulo fiscal, y la política monetaria puesta en marcha por el BCE, las reformas estructurales, con un impacto en el déficit estructural, son ahora la prioridad.
Francia se ha convertido en la diana en este frente, al posponer unilateralmente hasta 2017 el ajuste marcado por Bruselas para rebajar el déficit al 3%. Dijsselbloem reconoce que "preocupan" las señales que llegan de la segunda economía de la eurozona. En privado, la Comisión avisa que si el Presupuesto francés no cambia, por voluntad propia o una vez que la Comisión lo devuelva en la segunda mitad de mes, como sucedería si no lo enmienda, el país podría terminar por recibir una multa de hasta el 0,2% del PIB.
Con Alemania en riesgo de entrar en terreno recesivo, Francia en el paredón e Italia presionada para acelerar sus reformas, solo España parece mantener la cabeza por encima del agua. Sin embargo, la Comisión y el BCE alertan que los "grandes desequilibrios" acumulados obligan a mantener la vigilancia, sobre todo por el paro.
Recomendación a España
Aunque se valora el progreso en la reforma bancaria, o en el apartado macroeconómico en su segundo informe tras el programa de rescate España aún debe culminar una aplicación "total y efectiva" de las reformas.
Bruselas pide una reforma fiscal que suba ingresos públicos, al recordar que la presión impositiva (33,5%) es inferior a la media (39,9%). En otro informe publicado ayer, la Comisión recomienda limitar el uso del IVA reducido, y reducir los impuestos al trabajo para compensarlo con una subida del IVA o de los "impuestos verdes".