La creación de la Orden Europea de Detención y Entrega se produjo como consecuencia de la Decisión Marco del Consejo Europeo celebrado el 13 de junio de 2002, publicada por el Diario Oficial de la UE tres semanas después. Los jefes de Estado y de Gobierno celebraron la iniciativa de carácter jurídico, que impediría desde entonces la burla a la Justicia por parte de presuntos delincuentes perseguidos en un país miembro que se refugiaran en otro para eludir las consecuencias de sus posibles responsabilidades. El Supremo se plantea juzgar a Puigdemont por una malversación agravada.
La euroorden, como rápidamente empezamos a denominarla en los medios de comunicación, sería desde entonces una herramienta esencial para perseguir el delito en una Europa sin fronteras judiciales en la que no ocurriera como en esas películas de persecuciones americanas en las que el perseguido respira aliviado cuando cruza el borde del estado en el que delinquió y vive plácidamente en el de al lado.
Han tenido que pasar 16 años para que los ciudadanos descubramos la verdadera eficacia de la euroorden. Los españoles lo hemos constatado primero respecto a Bélgica y ahora en relación con Alemania, países que han enmendado de forma clara a las autoridades judiciales de un país soberano en el que se respectan los procedimientos judiciales en fase de instrucción. Con mayor paradoja en el caso alemán, dado que la instancia que corrige al juez de nuestro país es un tribunal territorial, el equivalente a una Audiencia Provincial de las españolas. La euroorden no supone como se nos dijo un instrumento para que sea entregado el sospechoso por el país donde ha sido capturado al país donde se le reclama. Supone un juicio en toda regla a la Justicia del país que reclama al investigado, de forma que en unos pocos días puede despojársele con toda naturalidad de cualquiera de las imputaciones que se realicen, tras largos meses de investigación y miles de folios de sumario, en el Estado que le reclama.
La Justicia de Alemania es sin lugar a dudas la de un país democrático, un Estado de Derecho de los más consolidados y respetados del planeta. Pero es también la Justicia de un país miembro de un proyecto colectivo, el que los europeos estamos intentando y porfiando levantar, que con decisiones como la de retirar la acusación de rebelión sobre Carles Puigdemont sufren un revés de proporciones gigantescas. No porque nadie quiera ver al ex president en prisión, ni porque se desee a toda costa su condena por proclamar la independencia de una región de forma unilateral, sino porque se daña gravemente la autonomía y legitimidad de los tribunales españoles constituidos de forma legal y democrática tanto como los teutones.
Europa ha considerado a España como un país menor al que hay que aleccionar para que no cometa excesos. Como una democracia low cost a la que hay que guiar. Cabría preguntarse si el mismo tribunal alemán que hoy adopta esta paternalista decisión sobre el caso Puigdemont, mutilando la causa judicial abierta contra él en otro país, adoptaría la misma postura si el ultra Bernd Lucke, el primero en visitar al político catalán en la prisión estos días, apareciera un día en el parlamento del estado federado de Schleswig-Holstein proclamando su independencia respecto a la República Federal.
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