El tribunal regional de Schleswig-Holstein decidió ayer por la tarde dejar en libertad al expresidente catalán Carles Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros y declaró que no admite en su caso el delito de re-belión que le imputa la Justicia española. La Fiscalía germana había solicitado que Puigdemont fuera extraditado a España por los delitos de rebelión (que en Alemania se tipifica como "alta traición") y malversación y también reclamaba que siguiera en prisión por advertir riesgo de fuga, si bien el expresidente catalán había asegurado previamente que no escaparía de Alemania si salía de prisión. El abogado de Puigdemont celebró la decisión y afirmó que siempre había mantenido "plena confianza en la Justicia alemana".
El diputado de JxCat y vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, también aplaudió la liberación de Puigdemont afirmando que "en Alemania hay justicia", mientras que la CUP afirmó que la decisión de la Justicia alemana "demuestra que el Estado funciona como un aparato represivo de parte en función de la ideología".
Por su parte, ERC valoró que se trata de "un nuevo revés para la injusticia española" y exigió la liberación "inmediata" de los políticos y líderes sociales soberanistas presos.
Asimismo, fuentes del Gobierno informaron a Europa Press que "respetan siempre" las decisiones judiciales "cuando le gustan y cuando no" y que confían en que la Justicia española "adoptará las medidas más adecuadas". El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, afirmó que respetan las leyes y las decisiones de los tribunales, si bien "Puigdemont huyó de la Justicia española y sigue teniendo graves delitos imputados", mientras que el líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta indicó que "como siempre ante las decisiones judiciales, respeto y acatamiento".
Sànchez, candidato
Justamente ayer por la mañana Puigdemont apostó por internacionalizar el procés proponiendo otra vez la investidura de Jordi Sànchez. En una carta remitida todavía desde la prisión de Neumünster, Puigdemont señaló a los diputados de JxCat que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictó medidas cautelares para que se respeten los "derechos políticos" de Sànchez y llamó a su grupo a investirle y aprovechar esta "oportunidad sin precedentes" para la internacionalización de la causa independentista.
Con todo, la nueva apuesta de Puigdemont no tiene garantías de éxito, ya que el Tribunal Supremo puede impedir a Sànchez acudir al Parlament (las decisiones del citado comité de las Naciones Unidas no son vinculantes), como ya ocurrió en el primer intento de investidura del número dos de JxCat.
Por otro lado, JxCat y ERC no tienen asegurada la mayoría necesaria para llevar a Sànchez a la presidencia y se podría repetir la situación de la investidura frustrada de Jordi Turull, cuando la CUP forzó con su abstención los planes de los otros dos grupos independentistas.
