Un sospechoso investigado en un procedimiento judicial sobre corrupción en las esferas del poder político a nivel territorial ha decidido hablar. Para ello pide por los cauces legales ser llamado a declarar por el juez que instruye el sumario en la Audiencia Nacional, el mismo que le investiga a él como pieza clave del entramado del caso Púnica, siempre en grado de suposición y garantizando la presunción de inocencia del investigado.
El Francisco Granados es el mismo que en el otoño de 2014 fue detenido con pena de telediario, acusado de organizar la red de comisiones en la Comunidad de Madrid investigada en los juzgados, y que ha pasado casi tres años en prisión preventiva calculando día a día su estrategia.
Cuando Granados mencionó este lunes los nombres de Esperanza Aguirre, Ignacio González y especialmente el de Cristina Cifuentes, sirvió en bandeja a la acusación particularísima que tenemos en España los argumentos para las condenas preventivas y las vistas orales paralelas. Hoy ya proliferan testigos despechados, investigadores marlowianos bajados del pedestal, y acusadores políticos que han logrado desbaratar en los últimos años el valor supremo de esa figura desaparecida que es la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. Ha cantado aquello que gusta al personal, y por eso ahora Granados interesa.
El informante ha reconocido, en sus declaraciones a los medios de comunicación y previsiblemente también al juez instructor, aunque eso no trascendiera, que no dispone de documento alguno que pruebe sus acusaciones, que no dispone de las necesarias pruebas con las que cargar sus revelaciones. A pesar de ello no han tardado en aparecer jueces improvisados que ya le absuelven a él implícitamente y condenan a los mencionados, con expresa vehemencia en quien ostenta hoy una responsabilidad institucional pues los otros dos casos importan ya poco en la vida pública nacional.
Las razones por las que ahora se compra en el baratillo el novedoso discurso de Granados, antaño considerado delincuente irreconducible y repugnante, hogaño fuente de información fiable, son las mismas por las que hoy interesa tanto la declaración de Bárcenas, ese otro libro abierto que ha sido elevado al altar por sus denuncias y anotaciones manuscritas. Antes se ignoraba que el ex tesorero tenía casi cincuenta millones en Suiza ocultos al fisco español, igual que ahora se olvida el milloncejo que Granados tenía en la cornisa de su armario de montaje hágalo-usted-mismo.
Lo cual aconseja que sean los tribunales los que hagan su trabajo y los partidos políticos eviten esos juicios paralelos en los que caen con frecuencia, y que con la misma frecuencia discurren al mismo tiempo que los juicios a cuyos culpables quieren también condenar. En el juego de intereses judiciales que conforman un procedimiento, que suele durar años hasta la llegada de la vista oral, hay acusados a los que les interesa cambiar su testimonio para explorar mejores estrategias en beneficio propio. Si la versión creíble es la actual, resulta inconcebible que el investigado haya dejado pasar casi cuatro años para ofrecerla en sede judicial y en el púlpito mediático.
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