Francisco Granados, exsecretario general del PP en Madrid y exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de dicha comunidad autónoma, ha descargado hoy la responsabilidad sobre la financiación del PP madrileño en la que fuera su jefa, la expresidenta Esperanza Aguirre, que era quien "lo supervisaba y controlaba todo", así como en sus sucesores, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
El antiguo cabecilla de Púnica ha asegurado ante el juez Manuel García Castelón que la actual presidenta autonómica era "la mano derecha y la voz" de González, y que formaba parte del núcleo de poder en el que se tomaban las decisiones. Todo ello, según dijo, mientras duró la relación sentimental que ambos mantuvieron entre los años 2007 y 2011.
Además de Aguirre, González y Cifuentes, según dijo, formaron parte también de ese núcleo de poder en el partido Borja Sarasola, coordinador de las campañas electorales y exconsejero autonómico de Transportes y Medio Ambiente; Isabel Gallego, exdirectora de Comunicación, y José María de la Uz, actual secretario general de innovación.
Granados ha explicado que tanto la campaña de 2009 como la de 2011 se financiaron por vías legales y estuvieron bajo la tutela del extesorero Beltrán Gutiérrez, pero que hubo también una financiación "paralela" cuyo control estaba en manos de González y Cifuentes y que se basaba en la contratación fraudulenta de publicidad por parte de empresas públicas como el Canal de Isabel II o ICM, que habían abonado comisiones.
El abogado del líder de la trama Púnica, Javier Vasallo, ha preparado un extenso interrogatorio que se ha prolongado a lo largo de toda la mañana, pero que ha tenido que ser interrumpido por problemas de agenda de última hora del juez, aplazándose hasta el próximo día 20. Las preguntas de su abogado han permitido en cualquier caso a Granados tratar de defenderse de las graves imputaciones que se han hecho contra él, especialmente por parte del que fuera su amigo y antiguo socio, David Marjaliza, aunque sin aportar pruebas ni documentos al respecto. "Cuando yo me marché no me llevé nada", ha explicado a salida del juzgado en declaraciones ante los periodistas.
Detenido en octubre de 2014 junto a más de cincuenta personas en el marco de la Operación Púnica y puesto en libertad bajo fianza el pasado mes de junio, Granados tiene cuentas bloqueadas en Suiza y Singapur por importe de unos 7 millones de euros, a las que habría que sumar otras por otros 4 millones más a nombre de Marjaliza. Está acusado de "formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias". Durante la investigación judicial del caso Púnica, se han detectado ya, de hecho, multitud de gastos e inversiones sin acreditar.
