Manu militari

10:00 - 14/07/2017
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Las declaraciones de la ministra de Defensa apelando a las Fuerzas Armadas como garantía última de la integridad de España invitan a una serie de reflexiones. La adjudicación de la responsabilidad es totalmente conforme con el artículo 8 de la Constitución vigente. Que tal disparate sea legalmente posible habrá de anotarse en el amplio debe de los que consensuaron la Constitución de 1978, porque se limitaron a copiar casi literalmente el artículo 39 de la Ley Orgánica del Estado aprobada por la dictadura franquista.

Tampoco debemos olvidar el hecho de que fue la II República, con Niceto Alcalá Zamora como presidente de la misma y Alejandro Lerroux como presidente del Gobierno radical-cedista, quien ordenó al capitán general de Cataluña, Domingo Batet, acabar con "El Estat Catalá dentro de la República Federal Española," proclamado por el president Lluis Companys el 6 de Octubre de 1934.

La diferencia entre la Constitución monárquica de 1978 y la republicana de 1931 estriba en que en este punto de "ruptura de la unidad de España", el ejercicio de tomar medidas se le encarga directamente al Ejército, mientras que en el artículo 76 de la Constitución de la II República era el presidente de la República quien debía "ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la defensa de la Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes".

No hay equívocos en la preeminencia de autoridad y responsabilidad. La decisión es del poder político democrático. La responsabilidad de este Gobierno y los anteriores es manifiesta. Han coqueteado con el nacionalismo catalán de carácter conservador para gobernar y aprobar políticas económicas y sociales contrarias al interés general. Y, además, han obviado el ejercicio del Derecho de Libredeterminación.

Pero los independentistas tampoco se han quedado atrás en cuanto a disparates. Se siguen equivocando tanto en el fondo como en las maneras. Y además ocultan el modelo de Estado Libre Asociado que realmente desean.


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