El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció recientemente que, en una legislatura llena de retos, hay uno que destaca por su urgencia y dificultad: la nueva reforma de las pensiones. Sólo desde 2011 a la actualidad, ha habido dos cambios legislativos en este sentido, pero el problema continúa plenamente vigente.
El gasto que genera este pilar fundamental del Estado del Bienestar aún presenta una evolución que compromete el futuro del sistema de protección pública. Basta comparar su evolución en la última década con la propia de los salarios para convencerse de la magnitud del desafío.
Mientras las pensión media se revalorizó casi un 40%, el avance de los sueldos fue inferior a los 20 puntos porcentuales. Lejos de ser una disparidad caprichosa, responde a razones de peso: el envejecimiento de la población provoca que el número de jubilados crezca con gran rapidez y estos, además, cuentan con amplios periodos de cotización que les dan derecho a pensiones más altas.
Esa realidad exige respuestas ambiciosas, en la próxima reforma, que no se limiten a los caminos ya explorados (aunque también necesarios), como el aumento de la edad de jubilación. Conviene, así, reconocer la necesidad de complementar la prestación pública con el ahorro privado.
La industria de los planes de pensiones ya se ha puesto manos a la obra y es cierto que algunos de los puntos débiles tradicionales de estos productos, como su baja rentabilidad y sus elevadas comisiones, se están corrigiendo y el mercado ofrece productos con creciente potencial.
No ocurre lo mismo con su tributación. La reforma fiscal de la penúltima legislatura se quedó corta a la hora de hacer atractivo este tipo de planes a los contribuyentes.