El Congreso acaba de aprobar en sesión plenaria, con los únicos votos del PP -esto es, 180 votos a favor y 137 en contra- y tras su entrada por el llamado trámite de urgencia, la proposición de ley que el grupo parlamentario del Gobierno que limita los casos en que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.
En la práctica, tendrá consecuencias más que preocupantes: las causas que se encuentren a la espera de resolución por los tribunales españoles -que suman hasta 15-, quedarán automáticamente archivadas al entrar en vigor la reforma -cuando tenga su visto bueno del Senado- y hasta que se acredite, caso por caso, que se cumplen las nuevas exigencias establecidas para que los jueces españoles puedan investigar. Si no, quedarán sobreseídas.
Casos como la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak o los asesinatos cometidos en el Sáhara, actualmente investigados por la Audiencia Nacional podrían quedar impunes. También los delitos de genocidio en Guatemala y Ruanda; el asesinato del diplomático español Carmelo Soria; los bombardeos contra Gaza; y los casos de torturas en los campos de concentración nazis o en Guantánamo.
Un amplio abanico de causas que podrían quedar indemnes y donde se encuentra el polémico caso de la supuesta represión en el Tíbet por exlíderes chinos que para muchos, ha sido el detonante de la decisión del Gobierno que quiere evitar a toda costa un conflicto diplomático con Pekín. Por ello, quiere archivar cuanto antes la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que, recientemente se ha ordenado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión de cinco exdirigentes del partido comunista.
De tapadillo y evitando 'controles'
Tras este trámite urgente, la reforma podría llegar al Pleno del Congreso a mediados de marzo, de ahí al Senado y, si no se introducen cambios en su tramitación, podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado a finales de abril o principios de mayo. En todo caso, desde el PP, ya han avanzado que la reforma estará en vigor "antes de verano".
De este modo, el Gobierno se salta varios controles parlamentarios e institucionales. Y ello dado que, desde el principio, al presentar la reforma a través del cauce exprés de la proposición de ley, evita presentar un anteproyecto que llevaría aparejada la obligación de pedir informes al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. También se ahorra las fases de ponencia y comisión, y que la reforma pase por el Consejo de Ministros, con lo que no aceptará ideas ni modificaciones pudiendo plantear el debate y aprobarlo en un solo día.
Duras limitaciones para investigar delitos
Yendo al detalle, la norma, implica que los tribunales españoles sólo podrán conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española. En otras palabras, supone un serio límite a la jurisdicción universal de la Justicia española y de la actuación de nuestros tribunales fuera de nuestras fronteras.
Pero, además, conlleva que para que nuestros jueces puedan actuar en el extranjero será preciso que el acto sea delito en el lugar de su comisión; que la víctima o la Fiscalía interponga la querella -excluyendo así a la acusación popular- y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado por esos mismos hechos.
En la práctica supondrá que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.
Fin a la 'esperanza de Justicia' de las víctimas
La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha sido una de las organizaciones que más ruido ha hecho para censurar la propuesta. Y es que, tan sólo un día después de que la proposición se aprobara por el Congreso acusó al Gobierno de querer "enterrar definitivamente" la jurisdicción universal. En su opinión, la reforma implica "un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global" y, de llevarse a cabo "impedirá la investigación judicial de delitos tan graves como el de genocidio, los crímenes contra la humanidad o determinados delitos vinculados a situaciones de conflicto armado, con independencia de su lugar de comisión".
Pero los comunicados de las distintas asociaciones censurando la propuesta no han parado de sucederse. La Unión Progresistas de Fiscales o la asociación Foro Judicial Independiente se han sumado también a este rechazo frontal de la reforma. Para la primera, la reforma genera un "espacio indeseable de impunidad de consecuencias impredecibles".
Por su parte, el vicepresidente de Foro Judicial Independiente, José Ángel Martí, aseguró que con la limitación de la jurisdicción universal se abriría "un hueco para la impunidad" de los delitos de ámbito universal. También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha manifestado su "desolación" por la restricción de la jurisdicción, alertando, igualmente, de la existencia de "espacios de impunidad (...) añadiendo más sufrimiento para las víctimas y eliminando sus esperanzas de Justicia".
Los abogados también arremeten contra la reforma
Para el Consejo General de la Abogacía y la fundación Abogacía Española la propuesta, que califican de "injusta" entra en contradicción con "los fundamentos de la jurisdicción universal, y con compromisos internacionales adquiridos por España". Aseguran que, de salir adelante, España reduciría "drásticamente su compromiso internacional y su protagonismo en la lucha contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario".
Asimismo, indican que "llama la atención la celeridad con la que se producen las reformas de leyes orgánicas que afectan a estas cuestiones y, en el caso actual, la ausencia total de apoyos parlamentarios al Grupo que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara parlamentaria y ha presentado la propuesta de reforma".
Por su parte, Amnistía Internacional ha enviado casi 70.000 firmas al grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que "se pare" la reforma de la justicia universal que situará a España "a la cola del mundo en la investigación de los peores crímenes internacionales". En su comunicado explica que más de 120 organizaciones nacionales e internacionales se han dirigido a Naciones Unidas y al Parlamento Europeo para que rechacen la reforma porque "supondría una violación de las obligaciones internacionales de España".
Impunidad, la verdadera 'marca España'
La oposición reprochó también al PP que la "impunidad" se convertirá en la verdadera marca España y ha tachado de "inconstitucional" el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles que, según ha defendido el PP, crean "falsas expectativas" a las víctimas ya que la mayoría acaban archivadas.
Mientras, el diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, tildó la iniciativa de "vergonzosa" por suponer una "ley de punto y final que sigue con obediencia los mandatos del resto de gobiernos a cambio de relaciones comerciales". Desde CiU, Jordi Jané lamentó que la propuesta convierte a España en "cómplice" en la impunidad de crímenes de guerra, y de lesa humanidad y la diputada de UPyD Irene Lozano denunció la "manera vergonzante" de legislar del Ejecutivo para "evitar así las molestias de la tiranía china".
Mientras tanto, los populares se defienden, y han afirmado que la reforma "no crea espacios de impunidad para nadie" sino que, al contrario, "permitirá que algunos crímenes puedan ser juzgados de manera mas efectiva y eficaz que antes" debido a que el sistema actual promueve, ha dicho, una Justicia "quijotesca" sin resultado alguno.
Limitaciones precedentes
Ya en 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el Congreso de los Diputados pactó con apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV la primera limitación a la justicia universal en España. Entonces lo hicieron presentando una enmienda a la ley de creación de la Oficina Judicial, que tramitaba el Congreso.
Desde entonces, la Audiencia Nacional sólo puede investigar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española, o "existe algún vínculo de conexión relevante en España". La aprobación de aquella modificación legal coincidió en un periodo de presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos e Israel para que se archivaran una investigación de la Audiencia Nacional por un ataque a Gaza.
Una decena de causas abiertas por asesinato, genocidio y torturas quedarían archivadas
