Energia

Los ciclos combinados lanzan un 'SOS' al Gobierno para evitar pérdidas millonarias

Las centrales térmicas convencionales españolas no han empezado con buen pie la segunda mitad del año. Desde el pasado 1 de julio, el medio centenar de ciclos combinados construidos en nuestro país, así como las centrales de carbón, han dejado de ingresar la cuantía correspondiente a la retribución por el servicio de disponibilidad, uno de los dos incentivos que forman parte de los llamados pagos por capacidad, y que estas centrales han venido cobrando por estar listas para ser activadas por el operador del sistema en caso necesario. Lee el reportaje completo en la nueva edición de elEconomista Energía

La Orden Ministerial aprobada en noviembre pasado por el Gobierno de Rajoy establece un plazo de aplicación semestral para el citado mecanismo de disponibilidad -que expiró el pasado 30 de junio-, inferior al plazo anual que se venía aplicando hasta ahora, "por considerarse más adecuado y ajustarse más eficazmente al contexto energético en estos momentos".

Esta decisión se tomó porque, para esas fechas, se esperaba que la Comisión Europea ya tuviera listo un nuevo modelo para los pagos adicionales a los ingresos vía mercado a este tipo de centrales, fruto de los cambios que pretende introducir en la futura Directiva de Diseño de Mercado, incluida en el denominado Paquete de Invierno, donde se definirán, entre otros asuntos, los Mecanismos de Capacidad, un sistema que Bruselas pone en entredicho y sobre el que abrió una investigación hace tres años a 11 Estados miembros -entre ellos España- en materia de ayudas estatales para valorar si estos mecanismos son necesarios y no distorsionan la competencia. Pero el retraso es evidente y lo más probable es que no se conozca el texto hasta final de año.

En el caso de los ciclos combinados a gas, el fin del pago por disponibilidad para una central estándar de 400 megavatios supone "una pérdida de ingresos, en números redondos, de 5.000 euros al día. A finales de año, la cantidad podría rondar el millón de euros", ha señalado a elEconomista Energía Alfonso Pascual, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (Aprie).

Si a esta situación, añade Pascual, "le sumamos la circunstancia de que un número importante de ciclos combinados ya han dejado de percibir, al cumplir el plazo establecido por la regulación, la retribución por incentivo a la inversión -la otra parte de los pagos por capacidad que se puso en marcha con la liberalización del sector eléctrico en 1998-, cuantificada en 10.000 euros por megavatio instalado al año, la situación se complica aún más".

Hace cuatro meses, desde Aprie aseguraban que, sin estos incentivos, muchas de las centrales tendrían verdaderos problemas financieros para mantenerse activas, lo que podría "poner en peligro la viabilidad de determinados grupos", sobre todo si tenemos en cuenta que la remuneración que han percibido hasta la fecha los ciclos combinados de gas, solo "cubre parcialmente las inversiones y los costes asociados al servicio de disponibilidad al sistema". De ahí que, en ese momento, pidieran un incremento de las cantidades asociadas a los pagos por capacidad para aquellas instalaciones que "no puedan cubrir sus costes".

Momento para el optimismo

A pesar de la situación, el presidente de Aprie se muestra optimista. En mayo de este año, la asociación envió una carta al anterior secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, "para que nos aclarara qué iba a pasar con este asunto", una misiva que también han remitido a la nueva directora general de Política Energética, Mª Jesús Martín Martínez; al nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez; y a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En ese escrito -al que ha tenido acceso nuestra publicación-, la asociación expresa su "extrema preocupación" por la situación de "incertidumbre regulatoria" acerca de la extensión del período de aplicación del servicio de disponibilidad al segundo semestre de 2018. Recuerdan que la modificación del plazo de aplicación del servicio de disponibilidad "se justificó" por la necesidad de acometer con carácter urgente una reforma de los mecanismos de capacidad, con el fin de alinear los mismos con las directrices europeas, resultando en ese contexto "más prudente" la aplicación del servicio de disponibilidad con carácter semestral en lugar de anual.

Sin embargo, desde Aprie entienden que, al no haberse producido dicha modificación, "sin ni siquiera haber circulado una propuesta a día de hoy", el servicio de disponibilidad "debería prorrogarse al segundo semestre del año y siguientes" -de la misma manera que se ha prorrogado el servicio de interrumpibilidad-, hasta que no se implemente un mecanismo de capacidad alternativo que, además, "debería estar sometido a consulta previa por parte de los agentes implicados".

"Aunque somos conscientes de que el Gobierno entrante acaba de aterrizar, lo que nos transmiten es que ésta es una de las prioridades que se ha marcado el nuevo equipo", explica Pascual. De momento, señala el presidente de Aprie, "preferimos que se quede lo que hay". Lo lógico sería "prorrogar hasta que se tenga un mecanismo nuevo para los ciclos que defina un escenario estable para afrontar el futuro", en línea con las directrices Europeas, que permita adaptarse eficazmente a la situación de mayor penetración de generación renovable y baja interconexión, "tal y como tienen otros países de la UE como Alemania, Bélgica, Polonia, Italia, Grecia y Francia".

La eliminación "injustificada" de cualquiera de las dos retribuciones, señalan desde Aprie, "no solo impacta en las unidades de generación que las perciben", sino que pone en "tela de juicio" los argumentos empleados para su implementación, pudiendo llegar a "poner en riesgo el total de las cantidades percibidas por dichos conceptos". En este contexto, argumentan, "carecería de todo sentido" la eliminación del servicio de disponibilidad en nuestro país, algo en lo que España fue "pionera" por haber sido uno de los "países líderes" en la incorporación de generación renovable en la red.

Cambios regulatorios

El representante de la asociación insiste en que los ciclos combinados "son el apoyo natural para las renovables en este momento tecnológico", a la vez que recuerda que en estos últimos años se han producido cambios en el marco regulatorio que "han cambiado las reglas del juego". El 17 de noviembre de 2011, tres días antes de que dejara de gobernar el Partido Socialista, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, publicó una Orden Ministerial -con fecha de entrada en vigor el 15 de diciembre de ese mismo año- que incrementó un 30 por ciento la cuantía de los incentivos a la inversión, pasando de los 20.000 euros megavatio año a pagar durante diez años hasta los 26.000 euros. Esta medida duró solo 15 días, ya que el 30 de marzo de 2012, el Gobierno aprobó con carácter retroactivo un Real Decreto Ley -que entró en vigor el 1 de enero de 2012- que revisó, de manera excepcional, las retribuciones del incentivo a la inversión a largo plazo, fijándolo en 23.400 euros megavatio año.

Un año después, en julio de 2013, como consecuencia de la "intensa reducción" de la demanda de energía eléctrica y al existir "un mínimo riesgo de déficit de capacidad instalada", el Gobierno consideró urgente ampliar la reducción de dicho incentivo, fijándolo en 10.000 euros megavatio año mediante la aprobación de otro Real Decreto Ley, acompañando esta medida de un alargamiento en el plazo que restaba para su percepción a aquellas instalaciones con derecho al cobro a la entrada en vigor de la citada normativa. En opinión de Alfonso Pascual, esta decisión "consiguió poner a muchos ciclos en situación de coma, pero si se hubiera mantenido en 20.000 euros megavatio hora, el número de solicitudes de cierre habría sido enorme".

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