El Ministerio de Energía dará a conocer el próximo miércoles los informes que ha estado preparando en los últimos dos años un grupo formado por siete profesores del Instituto Tecnológico de Massachussets (Earth Resources Laboratory, dirigido por Michael Fehler) y la Universidad de Harvard sobre el almacén de gas natural Castor y sus riesgos sísmicos.
Según ha podido saber este diario, los estudios técnicos que han preparado analizan los movimientos sísmicos producidos tras la inyección de gas en esta polémica formación y evalúan los riesgos existentes ante una reapertura de la misma, elaborando los escenarios posibles que se podrían dar.
Los investigadores han tenido muy en cuenta durante el proceso un caso similar vivido en Holanda, para poder cruzar los datos, y las conclusiones del informe se espera que sean suficientemente claras para que el Ministerio pueda tomar la decisión definitiva sobre el desmantelamiento de esta instalación.
Según indicaron fuentes conocedores de los análisis que se han ido realizando, la propuesta de los profesores es un documento técnico de alta complejidad para los que se han tenido que elaborar multitud de cálculos, extremo por el que se retrasó la presentación prevista para finales de 2016.
Con este escenario, y tras el pertinente análisis que el Ministerio de Energía tendrá que realizar, se espera que el Gobierno encargue a Enagás el desmantelamiento del mismo. La idea que se baraja es que desmontar esta planta puede tener un coste superior a los 300 millones de euros, que vendrían a sumarse a los más de 1.400 millones que ya se ha tenido que pagar a ACS y Escal por esta obra fallida.
Dolo o negligencia
La principal duda ahora será si del informe elaborado por los técnicos se desprende o no la existencia de dolo o negligencia por parte de los promotores y si el Gobierno podrá iniciar una petición judicial para que devuelvan la cantidad recibida los promotores de la obra.
El sector del gas acumulaba una deuda de 2.470 millones en 2016. El 53,7% corresponde a las entidades financieras que han adquirido los derechos de cobro asociados a la compensación por la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento Castor, el 42,9%, a empresas energéticas y el 3,4% restante a los promotores de Castor, la sociedad Escal UGS.
El año pasado, el sistema pagó 24 millones de principal por este crédito y 56,7 millones de euros de intereses para hacer frente únicamente a la deuda de Castor. La hibernación de Castor tuvo además un coste de 17 millones y la instalación afronta cada año un importante gasto en seguros.
Informes previos
El informe de MIT y de Harvard se sumará también a los elaborados en mayo de 2014 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En dicho documento, la sintitución consideró que la sismicidad en la zona de Vinaroz (Castellón) fue en parte de origen natural, si bien resulta "razonable" considerar que estuvo relacionada con las operaciones de inyección de gas colchón realizadas en septiembre de 2013.
El IGME también concluyó que la primera parte de la secuencia sísmica fue de tipo "inducida" y su magnitud resultó "relativamente pequeña", lo que sería "habitual" en muchas operaciones similares. Asimismo, fue sincrónica, lo que quiere decir que se produjo al mismo tiempo que las inyecciones de gas, lo que apoyaría también la decisión de desmantelamiento.
Este informe fue el tercero de los realizados por el instituto nacional e incorporó los datos más avanzados hasta ese momento.
El primer documento del IGME se realizó en 2007, a solicitud de la Dirección General de Política Energética del Ministerio de Industria, relativo a cuestiones generales del proyecto de almacenamiento. Fue emitido antes de la autorización de construcción del almacén y en él no se hacía referencia a la posible sismicidad inducida. De hecho, el Juzgado de Vinaroz mantiene abierta una investigación sobre este extremo, por el que permanecen investigados un buen número de funcionarios, al considerarse que no se estudió correctamente pese a las advertencias recibidas.
El segundo informe se emitió el 20 de diciembre de 2013, después de los terremotos y en respuesta a un requerimiento del Ministerio sobre las causas de la sismicidad acaecida en meses anteriores.
El Congreso pidió el cierre definitivo
La Comisión de Industria del Congreso aprobó la iniciativa presentada por Podemos, a la que se unieron PSOE y Ciudadanos, para reclamar el desmantelamiento de Castor, de forma "no onerosa para las arcas públicas", y estudiar la posibilidad de emprender acciones legales para exigir responsabilidades ambientales, administrativas, económicas y penales a la empresa concesionaria, Escal UGS -participada en un 66,6% por ACS-. La propuesta contó con el respaldo de todos los partidos, con la excepción del PP.