
La situación del sector eléctrico en España se ha convertido en insostenible. Las grandes compañías consideran que los precios finales de la electricidad para los hogares y las empresas son demasiado altos y creen que con los objetivos ambientales marcados por la Unión Europea para 2030 será imprescindible afrontar una reforma en profundidad para mantener la competitividad frente a países como Estados Unidos.
Las compañías han hecho llegar un mensaje al Gobierno sobre la necesidad de abordar una profunda reforma fiscal de carácter ambiental de modo que se grave a todas las fuentes energéticas contaminantes para financiar el desarrollo necesario de las renovables.
Para ello las compañías están planteando la necesidad de constituir un gran Fondo Nacional para la Acción sobre el Clima. Este vehículo financiero debería servir para hacer frente a los costes que conlleva toda la política de cambio climático, entre ellos las primas de las renovables, mediante un gravamen para todas las fuentes energéticas contaminantes, incluidos las gasolinas, el gas o el butano, entre otros.
La intención de las eléctricas es que el actual recibo pueda "limpiarse" de los llamados costes no relacionados con el suministro, entre los que las compañías incluyen las anualidades del déficit de tarifa ( 2.883 millones), las subvenciones al carbón nacional, las primas a las renovables y cogeneración (6.562 millones) o el sobrecoste de las extrapeninsulares (903 millones), entre otros y que junto con los impuestos suponen cerca del 50% del recibo de la luz.
La luz un 41% más cara
En el análisis que han realizado las compañías se asegura que la electricidad ha subido en España un 41% desde 2006 debido principalmente al incremento de la parte regulada y de la carga fiscal, un extremo que supone un lastre para los consumidores y que genera una presión al sector que consideran injustificada al tratarse de un negocio competitivo y eficiente.
En los informes que manejan las eléctricas se considera que el aumento de la carga fiscal desde 2006 ha sido del 24% y el de la parte regulada del 85%. Pese a esta situación, los precios del mercado mayorista siguen estando en línea con los de los mercados homólogos en Europa.
En la Unión Europea la media a diciembre de 2014 fue de 47,37 euros por MWh frente a los 44,47 euros o los 28,7 euros que se pagaron en Estados Unidos, gracias al desarrollo del shale gas.
Pagos a la distribución
En lo que respecta a la retribución al negocio de la distribución en España es inferior a la media de otros países europeos. De hecho, el Gobierno está a punto de aprobar los nuevos estándares para las inversiones en este área pero no se espera que la propuesta suponga un gran cambio sobre la situación actual sino una mayor concreción de las inversiones a realizar y del actual inventario.
Según un estudio elaborado por Eurelectric (Analysys of European Power Price Increase Drivers), España lidera estas llamadas externalidades con el 50% de los costes frente a países como Italia (34%) o Francia (29%) con un desarrollo o meteorología similar.
Por contra, Alemania, que también cuenta con un amplio desarrollo de renovables, tiene unas externalidades que suponen el 46% o Dinamarca del 63%, pero en ambos casos las compañías consideran que no resulta comparable por su nivel de renta o población.
La falta de competitividad de los precios finales de la electricidad proviene por lo tanto del 50% de los costes que resultan ajenos al suministro eléctrico. Por ese motivo, las eléctricas consideran que para poder cumplir los objetivos de la Unión Europea para 2030 será necesario plantearse claramente cómo se van a financiar en los próximos años para evitar problemas como los vividos estos años anteriores.
Objetivos a 2030
La UE ha marcado unos objetivos políticos claros: hay que afrontar una reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero del 40% con respecto a los de 1990. Las energías renovables deben aportar el 27% del consumo total de energía de la Unión Europa y se marca un objetivo indicativo de lograr un 27% de ahorro energético pero todos ellos conllevan un coste.
La entrada de energías renovables en el sistema además ha provocado una situación muy complicada ya que se generó con unas primas inadecuadas y sin límites de potencia, lo que generó una burbuja, principalmente en las tecnologías solares.
A su vez, la operación de las mismas provoca una depresión de precios de los mercados mayoristas e incrementa la volatilidad por la intermitencia de la producción lo que ha llevado a generar en toda Europa la necesidad de una introducción de mecanismos de pagos por capacidad que la Comisión Europea trata ahora de concretar y unificar para evitar las distorsiones del mercado.
Las eléctricas consideran que han sido las únicas compañías afectadas por las políticas de cambio climático mientras que otros sectores como el petrolero o gasista han salido prácticamente indemnes y sin aportar nada para afrontar las obligatorias políticas de cambio climático.