Nuevo revés para el Gobierno: Bruselas vuelve a mover ficha ante España en favor de E.ON. La Comisión Europa confirmará este miércoles que las condiciones que el ministro Clos añadió a las de la CNE también son ilegales.
El ejecutivo comunitario sigue avanzando en su ofensiva contra las barreras proteccionistas con las que Madrid zancadillea el desembarco del gigante alemán E.ON <:EOA.XE:> en la española Endesa (ELE.MC). Pero hábilmente, el Gobierno español ha sembrado tanta confusión en el frente de la batalla jurídica que la Comisión Europea sólo alcanza a confirmar el diagnóstico preliminar que emitió el pasado 29 de noviembre.
Si el orden del día no da un vuelco, la reunión del Colegio de Comisarios debería respaldar mañana a la liberal holandesa Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia. Kroes considera que es contrario al derecho comunitario que el Ministerio de Industria español obligue a E.ON, si se hace con el control de Endesa, a no vender los activos que la eléctrica aún española posee en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para garantizar el suministro en estas zonas.
No obligado a mantener la marca Endesa
También considera ilegal que E.ON esté obligado a mantener la marca Endesa tras la fusión; que deba seguir comprando como Endesa hace en la actualidad carbón extraído en España -caro económicamente, pero útil para evitar una revolución social minera en Asturias y Castilla y León-; y que no pueda transferir fuera del mercado de España el gas que llegue al país.
La constatación de que estas medidas son ilegales no produce ninguna sorpresa. Bruselas no ha cambiado de opinión desde que se iniciara el pulso. Pero siempre se ha visto obligada a respetar los plazos y los vericuetos del derecho comunitario, y a respetar el derecho de Madrid a defenderse. Lo que Madrid ha aprovechado para jugar al gato y al ratón.
Tres expedientes en contra de España
España cuenta ya en Bruselas con tres expedientes en su contra por el caso E.ON. Uno porque la Comisión Europea considera ilegales los poderes especiales concedidos a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para torpedear fusiones no gratas.
La de E.ON y Endesa ha sido la primera víctima, pero los poderes podrían caer con todo su peso sobre cualquier otra operación.
Otro expediente por las 18 condiciones que la CNE ha impuesto a E.ON en uso de los poderes anteriormente citados.
Y ahora otro porque las condiciones iniciales de la CNE fueron alteradas por el ministro Joan Clos el pasado 3 de noviembre apenas aterrizado en el Ministerio de Industria. Clos renunció a 3, y otras 8 las alteró profundamente o las añadió de propina.
