El Gobierno de Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia pagó un sobreprecio a ACS por el agua de la desaladora de Escombreras. Lo dictamina ahora en un informe de 200 páginas la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (Udef), pero lo avisó ya en varios informes Auditeco, la firma que auditaba las cuentas de la sociedad encargada de la explotación de las instalaciones.
En los informes correspondientes, en concreto, a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 la auditora de la empresa Desaladora de Escombreras SA, constituida por ACS, pero participada ya entonces en exclusiva por el Ejecutivo autonómico, señaló que "los precios de venta con su único cliente se encuentran establecidos en un contrato entre ambas partes y no en función de los precios de mercado". Aunque ACS había salido del accionariado fue la empresa que preside Florentino Pérez la que firmó todos los contratos, de arrendamiento de las instalaciones, gestión y mantenimiento.
El coste se facturaba a la empresa pública Hidronostrum y el problema de fondo, según decía el auditor, es que "los precios aplicados" a dicha firma "son muy superiores a los que ésta aplica a sus clientes". De hecho, según apuntan ahora la Udef y la Fiscalía de Murcia, todo estaba organizado para que estos costes los asumiera el Gobierno murciano pese a haberlos firmado ACS, que sigue cobrando por el arrendamiento de las instalaciones a través de la sociedad Hydro Management.
ACS constituyó Desaladora de Escombreras SA el 25 de enero de 2006, ejecutando unas obras sobre un suelo adjudicado por el Gobierno regional cuyo presupuesto se elevó hasta 111 millones de euros. Tan solo unos días después, el 17 de febrero de ese mismo año, el Gobierno de la Región de Murcia, presidido entonces por Ramón Luis Válcarcel, constituyó la sociedad pública Hidronostrum, su único cliente, con la que mantiene un contrato de 25 años, y se hizo entonces con el 51% de las acciones. El resto las adquiriría en 2010.
Sin licitación pública
Según la investigación llevada a cabo por la Udef, lo que se habría pretendido con ello es que en lugar de realizar una licitación y sacar la concesión posterior a concurso público se habría llevado a cabo el proceso al revés. Es decir, ACS constituyó primero la sociedad, la dejó después en una situación de quiebra técnica, y fue entonces cuando el Gobierno regional asumió todo el coste y la deuda de la misma, regalando así supuestamente 600 millones de euros a la constructora que preside Florentino Pérez.
En 2013 Desaladora de Escombreras absorbió Hidronostrum después de que el auditor adviertiera ya en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2012 que "el patrimonio neto de la sociedad se encuentra por debajo de la mitad de la cifra de capital social, por lo que se encuentra en una de las causas de disolución previstas en la Ley de Sociedades de Capital, no habiéndose acordado por el socio, durante los primeros meses del ejecicio 2013, el aumento o reducción del capital social en la medida suficiente".
Tal y como señala ahora también la Udef, el auditor advirtió ya que el propio Gobierno de Murcia estaba dejando a la empresa en una situación financiera crítica. Y es que, a pesar de que los precios estaban inflados, Hidronostrum mantenía una deuda con la filial de ACS de 27,7 millones de euros en 2012.
"Ello pone de manifiesto un retraso en el cobro a su único cliente, por lo que el riesgo de liquidez es muy alto", decía el auditor. De hecho, lanzaba ya una advertencia muy clara al señalar que los retrasos en el cobro "están generando problemas financieros a la entidad" y que la firma "difícilmente podrá conseguir otros clientes manteniendo los precios que tenía establecidos con su sociedad matriz".
Reclamaciones
ACS exigió en la operación de compra en 2013 un precio superior al valor de la planta, que según la auditora de las cuentas de la desaladora estaba tasada en 125 millones. La compañía reclamó al Gobierno no solo el coste de las instalaciones, sino también que asumiese el pago de los créditos que solicitó para realizar las obras.
ACS firmó en 2009 un contrato con el Gobierno de Murcia por 500 millones para la construcción y gestión de la planta. El Ejecutivo debía pagar esta cantidad hasta 2034. El acuerdo iba acompañado, al igual que pasó en su día con el almacén de gas Castor, por una cláusula indemnizatoria por la que la Administración autonómica debía pagar 559 millones a ACS si rescindía el contrato. Sin embargo, los problemas llegaron cuando el Gobierno murciano incumplió los pagos y la compañía le reclamó un total de 600 millones. Concretamente, la firma exigió 400 millones por la construcción de la planta y 200 millones por el lucro cesante, según recoge la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de Murcia el abogado Diego de Ramón y que acabó generando incluso una comisión de investigación.
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