España afronta en los próximos meses la decisión crucial de qué hacer con las autopistas de peaje que van agotando sus concesiones. El primer vencimiento llegará el próximo 30 de noviembre y el Gobierno aún no ha revelado cuál será su modelo de gestión. Únicamente se ha comprometido a no prorrogar los contratos. Ni de ésta, la AP-1 Burgos Armiñón, ni de las que le seguirán en los próximos años. Ocho autopistas más hasta 2021 que representan cerca de la tercera parte de toda la red de pago.
El debate trasciende al ámbito económico, puesto que la reversión de las autopistas que expiran en los próximos cuatro años tendría un coste para las arcas públicas de 450 millones de euros anuales, según las estimaciones de la patronal de las concesionarias Seopan. Una cifra que se elevaría hasta los 1.000 millones al año si se suprimiera el pago en toda la red española.
El pago en las autopistas es una cuestión que siempre ha generado polémica entre los españoles. Sin embargo, la comparación de lo que ocurre en España con el resto de Europa arroja un resultado que cuanto menos invita a la reflexión. La red de alta capacidad española con peajes representa en la actualidad el 18%, según Seopan. Un porcentaje que sitúa a España por detrás de 25 países europeos y sólo por delante de Chipre, Estonia, Islandia, Malta, Liechtenstein y Montenegro.
Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Portugal, Finlandia, Austria, Holanda, Suecia, Suiza, Grecia, Rumanía..., la mayoría de los países de Europa cuenta con el 100% de su red de autopistas con peajes. Más que quintuplican, por tanto, el nivel de España. Italia y Francia lo sitúan en el entorno del 80% e Irlanda cerca del 40%.
La diferencia es más que significativa. Y esto, según las estimaciones de Seopan, provoca que España pierda un ahorro sustancial de dinero que podría destinar a otras partidas. En concreto, la organización que preside Julián Núñez calcula que si España implementara en la red viaria de alta capacidad libre los modelos de gestión y financiación existentes en la Unión Europea, entre otras ventajas implicaría un refuerzo anual para el gasto prioritario social de alrededor de 2.500 millones. Una cantidad que deriva únicamente del ahorro de gasto público en conservación de la red y del retorno fiscal.
Seopan defiende la necesidad de que el Gobierno mantenga los peajes en las autopistas que revertirán próximamente. En su objetivo, ha trasladado una propuesta a Fomento para la AP-1 entre Burgos y Armiñón, una vía gestionada por Itínere cuya concesión expira el próximo 30 de noviembre.
Bonificar a los residentes
Entre las medidas planteadas, la patronal aboga por bonificaciones importantes para los usuarios que residen en la zona. Ahora bien, llama la atención sobre la incoherencia que implicaría que el Estado asuma el coste de una carretera cuyo tráfico corresponde entre el 30% y el 50% a vehículos pesados extranjeros según la época del año.
El coste para las cuentas públicas de la reversión apunta a que el Gobierno finalmente optará por mantener los peajes en las vías que vencen a través de una relicitación, aunque quizás con fórmulas menos gravosas para los usuarios, toda vez que los gastos de construcción ya están amortizados. Esto es precisamente lo que plantea para las autopistas de peaje quebradas, que colocará en el mercado a partir de junio en dos lotes por los que espera ingresar entre 700 y 1.000 millones. Estos concursos han atraído un gran interés por parte de concesionarias y fondos de inversión.
Al fin y al cabo, la última concesión de carreteras que el Gobierno sacó a licitación fue la A-66 Zamora-Benavente, en 2012. Aquel modelo de colaboración público-privada será el que utilizará para el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que implicará a veinte corredores por 5.000 millones. Ante la estrechez presupuestaria, esta fórmula de financiación se antoja la única alternativa, en opinión de Soepan, para impulsar las ifnraestructuras de España.