La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso más en su particular guerra contra el Ministerio de Fomento por sus políticas anti Uber y Cabify. El organismo que preside José María Marín Quemada ha advertido públicamente al Gobierno que le llevará ante el Tribunal Supremo si no deroga el Real Decreto que frena la actividad de los vehículos para el transporte de pasajeros con conductor (VTC) en favor del taxi. Una normativa que ha tachado de "desproporcionada", "injustificada" y "anticompetitiva" en más de una ocasión.
Como paso previo ante de acudir a la vía judicial, Competencia acordó el pasado mes de febrero requerir al Consejo de Ministros que "derogue las restricciones a la competencia contenidas en el Real Decreto 1076/2017 aprobado el pasado 29 de diciembre". "La CNMC realiza este requerimiento para que el Gobierno suprima voluntariamente las limitaciones detectadas y evitar así un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo", asegura el superregulador en un comunicado.
El organismo independiente realiza esta advertencia tres meses después de haber publicando un informe sobre el proyecto de Real Decreto en el que alertaba sobre "las restricciones a la competencia" que incluye y su falta de justificación. En ese informe, que elaboró de oficio y que no es vinculante, la CNMC ya pedía al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que no aprobara la normativa y dejó caer que ya estaba estudiando ejercer acciones legales si no atendía a sus requerimientos, tal y como publicó este diario. No es la primera vez que Competencia acude al Supremo para tratar de frenar las políticas anti Uber y Cabify impulsadas desde el Gobierno del PP.
No en vano, el próximo 17 de abril, la CNMC y Fomento se verán las caras en el Supremo. Uno de los punto que analizará el Alto Tribunal es la exigencia impuesta por el Ejecutivo de tener una flota mínima de siete vehículos para poder acceder y mantenerse en el mercado del transporte urbano de pasajeros en turismo. La CNMC ha argumentado en más de una ocasión que el requisito va contra la ley de garantía de la unidad de mercado (LGUM), al implicar de facto una barrera de acceso al mercado y estar injustificada. También va a estudiar la conveniencia de que se mantenga el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, impuesto en la ROTT. Esta medida también está en cuestión por contingentar el acceso al mercado e ir en contra de las normas de libre mercado aprobadas por la Comisión Europea.
Decreto desproporcionado
En el caso del nuevo Real Decreto, Competencia ha criticado abiertamente que se prohíba comerciar con las licencias de VTC durante dos años. El organismo considera que esta medida "desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo" y contingenta la liquidez del mercado secundario de licencias. "Esto terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros, usuarios de los servicios VTC", sentencia. A su vez, señala que la obligación a los titulares de las VTC de comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje que realice antes de prestar el servicio supone "una barrera a la movilidad geográfica de las compañías de VTC".
Competencia explica que está "totalmente legitimada" para impugnar ante la justicia los actos de la administración pública que "obstaculicen el mantenimiento de la competencia efectiva" que está obligada a defender. Una labor con la el presidente del organismo se ha mostrado muy comprometido. Así, en unas jornadas organizadas por UNO Logística José María Marín Quemada defendió que la economía digital da "competencia, eficiencia y ahorros" y "no se debe parar" y se mostró contrario a las medidas del Gobierno y a los movimientos de los sectores tradicionales encaminados a frenar Uber, Cabify o Deliveroo, entre otros. "Nos oponemos a la persistencia de algunos modelos antiguos de negocio, que tratan de hacer desaparecer las prácticas de la economía digital", dijo el presidente de la CNMC.
Los taxistas piden más limitaciones
Mientras, la asociación de taxistas Fedetaxi se está reuniendo con las distintas Comunidades Autónomas para aumentar las regulaciones a las VTC. Por ejemplo, el se reunió con el gobierno de valencia para impulsar una normativa que obligue a los conductores de Uber y Cabify a obtener una segunda autorización para poder operar, a tener una base donde volver después de cada servicio y que establezca sistemas de inspección y una mayor serie de requisitos para poder competir que "beneficiarán al taxi" en la competencia.
