La banca española ya ha aportado más de 1.073,68 millones de euros al Fondo Único de Resolución (FUR), administrado por la Junta Única de Resolución (JUR) europea, desde su puesta en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2016. Concretamente, las principales entidades españolas inyectaron 592,6 millones de euros a lo largo del año pasado, mientras que en el primer semestre de 2017 ya han contribuido con otros 481,03 millones de euros.
Por bancos, Santander ha abonado entre enero y junio de este año 146 millones (sacando del perímetro al Popular), frente a los 120 aportados en 2016. Caixabank, según sus últimas cuentas semestrales, ha aportado 75 millones en el primer semestre de 2017, frente a los 105 inyectados durante el ejercicio anterior. BBVA inyectó 100 millones en los seis primeros meses del año y otros 122 millones a lo largo del ejercicio pasado. Por su parte, Bankia, ha abonado 64,01 millones en el primer semestre de este año y 72,27 millones, el año pasado. Bankinter ya llevaba inyectados 20,98 millones a la mitad del año, y en 2016 aportó 49,55 millones.
Liberbank ha contribuido con 10,46 millones este año y el año pasado lo hizo con otros 10,52 millones. En lo que respecta al Sabadell, la entidad ha abonado 50,6 millones hasta junio de 2017, frente a los 47,6 millones con los que contribuyó en el periodo anterior. Finalmente, Unicaja ha contribuido en los seis primeros meses del año con 13,98 millones, y en el global de un año antes lo hizo con 18,33 millones, según sus últimas cuentas anuales. Cabe destacar que el Popular, ya del Banco Santander desde que el pasado 7 de junio lo comprara por 1 euro, en 2016 aportó 46,32 millones de euros.
Menor daño al contribuyente
El Parlamento y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo en marzo de 2014 para crear el Mecanismo Único de Resolución (MUR) con el objetivo principal de garantizar las futuras quiebras de las entidades europeas y gestionarlas de forma eficiente para que suponga el coste mínimo para los contribuyentes.
El MUR comprende la JUR, organismo que, cabe recordar, fue la responsable de tomar la decisión de resolución del Banco Popular el pasado 7 de junio. Ésta última institución presidida por Elke König, a su par, es la responsable de gestionar el Fondo Único de Resolución (FUR). Según la normativa que rige la unión bancaria, los bancos y sus accionistas son quiénes deben financiar las resoluciones y, si fuera necesario, también los acreedores del banco, tal y como ocurrió en el caso del Popular, ya que los acreedores situados en el Tier 1 (obligaciones convertibles) y Tier 2 (deuda subordinada) lo perdieron todo.
Ocho años
Asimismo, para el caso en el que las contribuciones de accionistas y acreedores no fueran suficiente, se creó el FUR, una segunda vía de financiación que se alimenta de las aportaciones anuales de las entidades europeas comenzaron a inyectar en 2016 y que tienen la obligación de seguir abonando a lo largo de ocho años, es decir, hasta 2024.
Para esta fecha, el fondo de rescate debe alcanzar el 1% de los depósitos garantizados de todas las entidades de crédito de los estados miembros participantes. La cantidad alcanzará así para ese año en torno a los 55.000 millones de euros, según datos de la UE.
La aportación de los bancos se recauda a escala nacional, en el caso de España desde el Fondo de Resolución Nacional, administrado por el Frob, y después se mutualiza con el resto de fondos de los países miembro en el FUR.
