El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo el pasado 19 de marzo una conversación telefónica con el jefe de Gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, para analizar la liquidación de Electricaribe y sus consecuencias en las relaciones entre ambos países. La colombiana Promigas, dispuesta a hacer una oferta para quedarse Electricaribe.
Según explicó el propio mandatario en su cuenta de Twitter: "Hablé con presidente español Mariano Rajoy. No permitiremos que el caso Electricaribe afecte a las óptimas relaciones diplomáticas y comerciales".
Pese a estas buenas palabras, en los últimos días, la situación se ha ido recrudenciendo. La denuncia presentada por Gas Natural Fenosa ante el Tribunal de la Comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional (Uncitral) en la que les reclama hasta 1.000 millones de euros ha encolerizado a las instituciones colombianas que han comenzado a dar a conocer detalles de la vía judicial.
Del arreglo al choque
Gas Natura, de hecho, ha denunciado públicamente el hostigamiento recibido por parte de los organismos colombianos como la Fiscalía, la Contraloría o Hacienda, pese a que hace apenas tres semanas los mensajes que se recibían por parte del Ejecutivo del país latinoamericano eran de conciliación. De hecho, a principios de mes, la propia ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, visitó España y se mostró dispuesta a llegar a una solución pactada que, finalmente, en los últimos contactos mantenidos al más alto nivel entre el presidente de Gas Natural, Isidro Fainé, y el propio Santos, no llegó a buen puerto. España confía en que haya un "acuerdo amistoso y amigable".
Tras anunciarse la decisión de intervención, el 14 de marzo, comenzaron a filtrarse detalles de la investigación que la Fiscalía colombiana abrió en noviembre y de los expedientes derivados de los registros sorpresa en Electricaribe. De hecho, el propio fiscal general, Néstor Martínez, aseguró que ha priorizado esta investigación por la vía penal. Según indicaron los medios colombianos, José García Sanleandro, el representante legal de Electricaribe desde 2011, fue interrogado junto con el ex gerente operativo Benjamín Gustavo Payares y los exalcaldes de Chinú, Orlando Medina y de Magangué, Marcelo Torres.
En opinión de la Fiscalía, el Ministerio de Minas y Energía falló en supervisar la ejecución de los proyectos eléctricos financiados con recursos del Prone (Programa de Normalización Eléctrica) que estaban destinados a normalizar la situación de casi 64.000 usuarios de la Costa Caribe. La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, confirmó que la firma estadounidense de abogados Sidley Austin representará al país por la demanda de Gas Natural Fenosa.
"Hemos hecho un proceso de selección juicioso de abogados a nivel internacional. Hoy contamos con el acompañamiento de Sidley, una firma internacional que está en diferentes países, ha estado en múltiples controversias y disputas internacionales, y, por ello, conoce este tipo de disputas", afirmó la ministra en rueda de prensa.
Entretanto, la situación del suministro eléctrico en Colombia sigue bajo mínimos y los impagos se mantienen, tal y como han denunciado los propios gestores de la compañía después de la intervención.
Con todo este escenario, la patronal bancaria Asobanca ha mostrado su preocupación por el riesgo de no recuperar los créditos otorgados para comprar energía a lo largo de los últimos meses. Un extremo que choca con el anuncio del presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo, que ha asegurado que invertirán 240.000 millones de pesos en 2017, frente a los 100.000 millones que se destinaron el pasado ejercicio.
Entidades
