La Abogacía del Estado trata de retrasar la liquidación de las autopistas R-3 Madrid-Arganda del Rey y R-5 Madrid-Navalcarnero y de la AP-7 Circunvalación de Alicante, así como así del servicio que se viene realizando en el mantenimiento y vigilancia de diversos tramos de la carretera M-50, que, de acuerdo con la sentencia fechada el pasado 3 de mayo del Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 6, debe ejecutarse el próximo 1 de octubre. La Defensa Pública esgrime la ausencia de Gobierno para dilatar en el tiempo la aplicación del auto, al que restan capacidad sobre una concesión administrativa, según señalan diversas fuentes conocedoras del proceso.
Tanto la Abogacía del Estado como las concesionarias afectadas, Accesos de Madrid (R-3, R-5 y M-50) y Ciralsa (Circunvalación de Alicante), presentaron sendos recursos contra la decisión del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid. El problema es que, frente a lo ocurrido con las sentencias previas que ordenaban la liquidación de la M-12 Eje Aeropuerto y de la AP-36 Ocaña-La Roda, en este caso el magistrado dictó el auto "sin efectos suspensivos". Es decir, la sentencia no queda en suspenso por los recursos que presentados.
La demora solicitada se extendería por un periodo de hasta un año, señalan las fuentes consultadas. De este modo, las concesionarias seguirían gestionando las vías, a la espera de la formación de un gobierno estable. En ese tiempo, además, se trataría de buscar una solución pactada que seis años después de que se iniciaran las negociaciones ha sido imposible.
En el sector consideran que "es impensable creer que con un gobierno en funciones y con los exigentes objetivos de déficit público se puedan liquidar estas autopistas". "El coste político y económico es inasumible", agregan. No en vano, en tal caso, se activaría la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que para la R-3 y la R-5 asciende a 338,5 millones de euros y para la Circunvalación de Alicante a 398,6 millones. En junio, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, admitió que el proceso de liquidación de las autopistas era inevitable y asumió que el Estado tendría que compensar a los propietarios de las concesiones.
Cuenta atrás
El Ejecutivo en funciones ha repetido que el juzgado de lo Mercantil de Madrid no tiene competencia para decidir sobre la cancelación de una concesión administrativa, sino que es una decisión que corresponde a la Administración.
Hasta el miércoles, la Audiencia Provincial no se había pronunciado sobre los recursos. La Abogacía del Estado confía en que haya una resolución antes del próximo 1 de octubre o, en su defecto, aplique una medida cautelar, como ha solicitado, según las mismas fuentes. De lo contrario, las concesiones pasarán a ser gestionadas por Seittsa, dependiente del Ministerio de Fomento.
Serían las primeras autopistas que pasarían a manos de Seittsa, que en los últimos meses se ha estado preparando en las cuestiones relacionadas con la gestión jurídica y financiera, de acuerdo con las fuentes gubernamentales consultadas. La sociedad pública sustituiría así a las actuales concesionarias. Accesos de Madrid está integrada por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia, mientras que Ciralsa pertenece a Abertis, ACS y Globalvia.
