Volkswagen pagará 14.700 millones de dólares en Estados Unidos por el escándalo de los motores diésel manipulados, según consta en los detalles del acuerdo que ha negociado el fabricante alemán con los propietarios y las autoridades estadounidenses.
Los detalles del acuerdo, que es provisional y no será público oficialmente al menos hasta que el tribunal de San Francisco que supervisa el caso celebre una vista pública el próximo 30 de junio, fueron filtrados hoy a varios medios de comunicación estadounidenses.
El diario The New York Times señala en su edición digital que de la cifra total, unos 10.000 millones de dólares estarán reservados para que la fabricante alemana recompre, al mismo precio al que los vendió antes del escándalo, los vehículos con los que ha estafado a los consumidores.
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Además, Volkswagen está dispuesta a pagar 2.700 millones de dólares a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en compensación por el daño medioambiental provocado por los vehículos ilegales.
Los propietarios de los casi 500.000 vehículos afectados en Estados Unidos, todos ellos equipados con motores diésel de 2 litros, podrán decidir si quieren que la empresa alemana les compre los automóviles o si se los quedan con la solución que los ingenieros de la empresa han desarrollado para que cumplan las leyes medioambientales del país.
El problema de los motores diésel ilegales es que emiten óxidos de nitrógeno, un producto cancerígeno, en niveles muy superiores a los permitidos por las autoridades estadounidenses.
Para evitar los controles que habrían detectado las emisiones ilegales, la empresa alemana instaló un software que detecta cuando el automóvil está siendo sometido a pruebas de emisiones.
El software altera el rendimiento del motor para que emita menos óxidos de nitrógeno, pero a cambio de reducir de forma considerable su rendimiento.
La solución técnica desarrollada por la alemana tendrá que conseguir que los motores ilegales no emitan bajo ninguna circunstancia óxidos de nitrógeno por encima de lo autorizado. Pero eso supondrá con casi total seguridad una pérdida de rendimiento de los vehículos, lo que para muchos propietarios será inaceptable.
Pagos aparte, la empresa alemana todavía se enfrenta a una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a una demanda de la Comisión Federal de Comercio y a decenas de investigaciones estatales.