El Ayuntamiento de Barcelona ha prorrogado durante un año más la moratoria hotelera en la Ciudad Condal. El consistorio gobernado por Ada Colau ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (Bopb) la dilatación de la normativa que se extendería hasta julio de 2017 bajo la intención de que la primera moratoria que acaba en julio de 2016 no finalice antes de que se apruebe el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peaut).
La decisión del Ayuntamiento barcelonés llega de antemano con la contradicción del propio gobierno municipal. A la par que alarga la suspensión de licencias un año más, asegura que su intención es levantar la primera moratoria tras aprobar el Peaut. El consistorio explica que han tomado la medida como una forma de prevención en caso de que en tres meses aún no se haya podido sacar adelante el plan de alojamientos turísticos.
Trabas a la competencia
Mikel Echevarren, presidente de la consultora inmobiliaria Irea, considera un "escándalo que un ayuntamiento, del color que sea, pueda poner trabas a la competencia y no pase nada, en un país en el que hay un organismo específico que vela precisamente por la competencia". Según el directivo, "este tipo de moratorias son el pie a la corrupción y demuestran que el sector inmobiliario está abandonado".
Mikel advierte de que la moratoria catalana supone una buena noticia para todos aquellos que son propietarios de hoteles en Barcelona: "Ahora mismo todos los hoteles que están construidos en la ciudad valen más y no tienen que competir con nadie". Así, reclama que "dentro de la regeneración que necesita este país está el quitarle la potestad a un Ayuntamiento o una comunidad de vetar negocios".
Por su parte, Miquel Laborde, socio fundador de la empresa de gestión de patrimonio e inversiones, Laborde Marcet, considera que la moratoria sube los precios de los hoteles, encarece la inversión al comprar con una rentabilidad más baja y crea una burbuja. "Hay que aplicar normas correctas, pero con sentido común", asegura Laborde.
