Reyal Urbis se encuentra a un paso de la liquidación después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid no haya admitido a trámite la propuesta de convenio presentada por la inmobiliaria para salir del concurso de acreedores, en el que entró hace más de dos años.
La compañía anunció el viernes que interpondrá un recurso de apelación contra el auto dictado por el magistrado Francisco Javier Vaquer y solicitará la suspensión de los efectos que se deriven del mismo, hasta que se resuelva el recurso.
La anterior intervención del juez se produjo el pasado 6 de marzo, cuando este requirió a Reyal Urbis, que arrastra una deuda concursal de 4.236 millones, que subsanara algunos errores detectados en su propuesta. Concretamente, el magistrado exigía una "justificación objetiva del carácter necesario e imprescindible" de las quitas y esperas solicitadas.
La inmobiliaria, presidida por Rafael Santamaría, proponía a sus principales acreedores dos alternativas de pago. En la primera, los créditos tendrían una quita del 90 por ciento y ese 10 por ciento se pagaría con la dación en pago de activos. Los lotes se adjudicarían a las entidades en función de un sorteo, que Reyal afirmó haber realizado ante un notario el pasado 10 de febrero. La segunda vía para esos créditos consiste en aplicar quitas de entre el 88 y el 93 por ciento, en función del tramo del crédito sindicado, y una espera para el cobro de seis años, con otros cuatro de carencia.
El juez solicitó también que se eliminara el "efecto arrastre", ya que Reyal pretendía que se extendieran los efectos del convenio a los acreedores que no se sumaran, si se alcanzaba una adhesión del 75 por ciento. Según fuentes cercanas al proceso, este punto supondría que los acreedores con hipotecas mancomunadas perdieran su situación privilegiada, mientras la actual ley no contempla este efecto, por lo que sólo sería posible si éstos renuncian voluntariamente a sus derechos.
En insolvencia hasta 2023
Según el auto al que ha tenido acceso elEconomista, estas cuestiones no han sido subsanadas por la compañía. El juez, además, resuelve que la reestructuración propuesta por la inmobiliaria es "claramente perjudicial para los derechos de los acreedores" y no garantiza la viabilidad de Reyal. Así, la inmobiliaria presentará "fondos propios negativos hasta el cierre del año 2023 por importes superiores a los 90 millones de euros, sin que el plan explicite como eliminar dicha causa de disolución societaria e indiciaria de una situación de insolvencia".
