El juez Antonio Serrano-Artal pasa a la acción después de que la Audiencia Nacional le devolviera la instrucción del caso Rato el pasado viernes y embarga los bienes del exministro de Economía y expresidente de Bankia. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid embargó el jueves las posesiones de Rodrigo Rato por valor de 18 millones de euros, después de que el exvicepresidente del Gobierno no haya depositado la fianza que la Audiencia Provincial de Madrid le impuso el pasado mes de julio. Serrano-Artal requirió también en su resolución la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales (unos 71.100 euros aproximados) que Rato recibe en calidad de exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los bienes del expresidente de Bankia se encuentra su vivienda particular en el madrileño barrio de Salamanca, otra casa en El Viso, una casona de más de 300 años de antigüedad ubicada en una finca de dos hectáreas en el municipio madrileño de Carabaña, una casa en Gijón (Asturias) o el hotel con más de 130 habitaciones que tiene en el centro de Berlín junto a su socio José Manuel Solà, a través de la empresa alemana Bagerpleta GmbH. Anticorrupción acusó a Rato de traspasar parte de sus bienes a sus hijos antes de que comenzara la investigación que lleva su nombre.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la fianza al exvicepresidente del Gobierno hace dos meses como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.
6,5 millones del extranjero
La Fiscalía Anticorrupción saca la artillería pesada para que la Audiencia Nacional instruya el caso, en contra de lo resuelto la pasada semana por el juez Fernando Andreu. El Ministerio Público remitió un recurso a los Juzgados Centrales con un informe que revela que Rato recibió 6,5 millones procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce.
El expresidente de Bankia ingresó esta cantidad, según un informe de la Agencia Tributaria, a través de su empresa Kradonara, cuya matriz es Vivaway, una sociedad también propiedad de Rato radicada en Londres aunque gestionada desde Gibraltar. Kradonara recibió el dinero entre los años 2006 y 2014 sin que conste que sus empresas hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias.
La mercantil ingresó parte de dicha cantidad de su matriz Vivaway, concretamente 3,04 millones de euros entre 2012 y 2014. Kradonara además recibió divisas por valor de 3,4 millones de euros en 2006, 2007, 2011 y 2014.
A su par, la británica Vivaway también percibió un total de 3,3 millones de euros de varias empresas extranjeras. La sociedad panameña con domicilio en Ginebra (Suiza) denominada Wescastle Corporation -declarada a Hacienda por Rato- le remitió 2,5 millones entre 2013 y 2014. La mercantil Red Rose, domiciliada en Bahamas, le transfirió otros 850.446 euros en 2012 y 2013. Rato era beneficiario último de la sociedad bahameña, aunque según el informe de Anticorrupción remitido a la Audiencia Nacional, le ocultó este extremo al fisco. La firma Red Rose también envió 300.000 euros en 2012 directamente a las cuentas corrientes del exdirector del FMI.
Recurso a la Audiencia
Bajo estos hechos, ahora la fiscal, Elena Lorente, solicita por segunda vez al magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que acepte la instrucción del caso, puesto que todos o parte de los actos de blanqueo de capitales investigados se han producido en el extranjero. "De no asumirse la competencia por el Juzgado Central, la instrucción de este blanqueo de capitales se plantea inviable por cuanto el Juzgado de Madrid no puede instruir un delito cometido, aunque sea en parte, en el extranjero, al carecer, a juicio de esta parte, de competencia orgánica y territorial para hacerlo", señala el recurso de Anticorrupción.
Andreu rechazó el pasado viernes aceptar la inhibición del caso propuestas por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, al considerar que toda la trama se urdió en Madrid, lugar donde se habrían realizado todas las actividades dirigidas a la presunta ocultación y transformación de las ganancias ilícitas.
Reseñó que para que la instrucción fuese competencia de la Audiencia Nacional toda la actividad de blanqueo se tendría que haber producido en el extranjero, algo que sostiene, no ocurre.
Aún así, Andreu vio indicios de que Rato pudo blanquear hasta 600.000 euros a través de la compañía que posee en Berlín. Señaló en su auto que el expresidente ocultó y transformó varias cantidades de dinero de ilícito origen a través de la firma, poniendo de manifiesto un presunto delito de blanqueo.
