"El tema está formalmente muerto". Sin medias tintas, el presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, Julián Núñez, dio este martes por terminadas las negociaciones con el Ministerio de Fomento para tratar de cerrar la creación de una empresa pública que integre las ocho autopistas de peaje en riesgo de España.
Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor admiten que, una vez hecha su propuesta, el asunto está "aparcado".
De este modo, según auguró Núñez, será ya, salvo sorpresa mayúscula, el próximo Gobierno el que tendrá que lidiar con esta papeleta que, según los datos de las constructoras, implicará un agujero de más de 5.000 millones de euros para las arcas del Estado, en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). "Lamentablemente, no va a ver la luz en esta legislatura", subrayó el presidente de Seopan en el marco del primer Foro de Ingeniería y Obra Pública organizado por la Fundación Caminos y la UIMP en Santander.
El plan de rescate de Fomento para las autopistas (las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5; la AP-41, la AP-36, la AP-7 y el eje del aeropuerto Madrid -Barajas) recogía que las entidades acreedoras asumirían una quita del 50% sobre la deuda contraída a cambio de unos bonos a 30 años con un tipo de interés del 1%. Sin embargo, el juzgado mercantil número 2 de Madrid dio el golpe de gracia hace unas semanas cuando rechazó la propuesta de convenio para la AP-36. Así, después de años, la negociación ha fracasado, a pesar de que, como reconoció Núñez, "hemos estado cerca de una solución", que tampoco vislumbra sencilla con el futuro Ejecutivo.
Núñez incidió, asimismo, en la necesidad de que la Administración facilite la financiación privada en los proyectos y reiteró que las inversiones para infraestructuras en los próximo cuatro años deben elevarse a 32.000 millones.