El secretario de Estado de Economía y presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales (Sepblac), Íñigo Fernández de Mesa, mostraba su convicción esta semana de la existencia de irregularidades en Banco Madrid. Apuntaba la contaminación después de su compra en 2010 por parte de Banca Privada d'Andorra (BPA), tras enviar el Sepblac a la Fiscalía Anticorrupción el informe elaborado entre abril de 2014 y febrero pasado, escasos días después de que Estados Unidos acusase a altos gestores de BPA de trabajar con mafias.
El análisis del organismo no habla de irregularidades sino de deficiencias o incongruencias tales como falta de documentos acreditativos o deficiente seguimiento de ciertos clientes por no haber sido calificados como personas políticamente expuestas (Pep's). El Sepblac hizo un muestreo de 152 operaciones en Banco Madrid y estimó que el 70 por ciento debían estar etiquetadas como un riesgo superior.
Toca a la Fiscalía investigar
Al estar clasificados erróneamente, los clientes no fueron objeto del escrutinio exigible. El Sepblac apunta sospechas sin concluir, a diferencia de EEUU, la existencia de actuaciones delictivas. Es la Fiscalía Anticorrupción la que debe esclarecer a partir de ahora la supuesta involucración de Banco Madrid en tramas de blanqueo, para lo que se apoyará en el Sepblac, el Banco de España y la UDEF de la Comisaría General de la Polícia Judicial.
El Sepblac señala entre las anomalías a 13 clientes con los que "no debería haber establecido relaciones de negocio". Entre ellos figura Alquería Dolores SL, propiedad en un 60 por ciento del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Su imputación en el Caso Bárcenas o la trama Gürtel y el rango de Pep's implica un riesgo, pero el banco abrió cuenta con el argumento del conocimiento del cliente y de que los fondos llegaban de otras entidades españolas para invertir en valores de la propia entidad.
Otra alerta es sobre incongruencias en la actividad Paulino Monesdeoca, quien ocupó varios cargos de responsabilidad pública en Las Palmas de Gran Canaria y fue absuelto en un juicio por prevaricación -tenía 2,2 millones, en parte procedentes de Suiza-. A los inspectores del Sepblac les sorprende también la operativa en la entidad española de BPA de Juan Antonio Piedras Sanz, residente en Miami, dueño de una sociedad en Uruguay, que ingresa facturas por trabajos efectuados en Honduras de una sociedad ubicada en Dinamarca.
Entre los apuntados figura además Ramón Palau Godall, vicepresidente de la Fundación del FC Barcelona, quien abrió cuenta en 2012 para canalizar 440.000 euros regularizados ante la Agencia Tributaria. Declaró ingresos desde Suiza y Andorra, sin justificarlas con documentos acreditativos como un patrimonio regularizado.
Otros expedientes involucran al abogado mexicano Gabino Antonio Fraga, cuyo nombre coincide con una persona denunciada por comprar votos en México, o al empresario venezolano acusado de corrupción Omar Jesús Farías, que ingresó 13,8 millones de dólares en una cuenta de la entidad.
Uno de los grandes focos de preocupación son transacciones con Venezuela, donde la entidad efectuó durante años campaña de captación, y con clientes rusos. Por ejemplo, el organismo alerta de la operativa relacionada Nervis Gerardo Villalobos, que ocupó varios puestos de responsabilidad en el Gobierno venezolano entre 2000 y 2006. Llegó a ejercer de viceministro de Minas y Energía y facturó a través del banco trabajos de consultoría a las empresas españolas Duro Felguera o UTE Termocentro, sin que los movimientos tuviesen el rastreo exigido por sus antiguos cargos.
Entre la sombra de sospechas figura una hipoteca de un millón de euros a la firma Diagnostic Company, participada por Andrey Petrov y Viktor Kanaikine, vinculados con mafias rusas. Petrov, detenido en Lloret de Mar en febrero de 2013 por blanquear 56 millones, figura precisamente como pieza clave de una de las tres tramas de lavado de capitales denunciados por el estadounidense FinCEN. Según este organismo americano, un alto gestor de BPA prometió a Petrov un crédito en una entidad española y, a partir de ahí, el banquero facilita recibos falsos y testaferros para regularizar dinero de mafias rusas.
El FinCEN, cuyo informe no menciona en ningún momento a Banco Madrid, también denuncia a otro directivo de BPA de aceptar exorbitantes comisiones para facilitar el blanqueo de más de 4.000 millones procedentes de Venezuela. El tercer caso aflorado por el organismo estadounidense es la relación de BPA con Gao Ping, detenido en España en 2012, por lavar capitales de organizaciones criminales chinas, si bien en este caso la relación bancaria se radicaba en Andorra.