Los dos peritos que cuestionaron las cuentas de Bankia en su fusión y salida a bolsa, Victor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, aseguraron ayer durante la última jornada de su declaración en la Audiencia Nacional, que los exdirectivos de la entidad "tuvieron una voluntad clara de ocultar los gastos con las tarjetas black a Hacienda".
En opinión de los expertos del supervisor, es algo evidente teniendo en cuenta el hecho de que no tributaron por este concepto ni comuncaron la existencia de las mismas a los servicios de auditoría internos ni a Deloitte, el auditor externo.
El dictamen pericial revelaba que el uso de las tarjetas, en las que se cargaron 15,2 millones de euros entre los años 1999 y 2012, supuso un incumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, al no encajar estos gastos ni como "asistencia" a las reuniones de los órganos de gobierno ni como "indemnizaciones" por los perjuicios que la "participación efectiva" en los mismos podría haberles provocado.
Aún así, los dos expertos admitieron ayer que no habían pedido información a Hacienda sobre estas tarjetas. Según explicaron, elaboraron las conclusiones de sus informes a partir de la información facilitada por la entidad y no pidieron en ningún caso información complementaria a la Agencia Tributaria.
El inspector Busquets también aseguró ayer que los ajustes de 1.192 millones de euros que Bankia debería haber realizado en 2012 al reclasificar créditos que tenían un mayor riesgo de no ser devueltos por los adjudicatarios podrían haberse visto aumentados en otros 653 millones, correspondientes a otros préstamos concedidos a esas mismas empresas.
Los ajustes, por valor de 1.845 millones de euros, se produjeron al reconvertirse los créditos por valor de 13.000 millones de euros de la categoría normal a subestándar (con mayor riesgo de no ser devueltos) aunque, según los peritos, deberían haberse considerado como morosos.
Un pésimo control del riesgo
