Una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo amenaza con una nueva subida del precio del tabaco en España. El Gobierno está obligado a modificar el actual sistema fiscal que grava los cigarrillos, lo que, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, podría provocar incrementos de entre 5 y 15 céntimos por cajetilla. En los estancos hay ya varias marcas a un precio de 4,8 por paquete -incluida Marlboro, la enseña más vendida-, por lo que si se lleva a cabo finalmente esta subida, el precio podría llegar a rondar ya casi los 5 euros, superando incluso en algún caso esta barrera.
En España hay actualmente varias tasas que gravan el precio del tabaco . Al margen del IVA, hay dos impuestos especiales: uno específico, de 0,48 euros por cajetilla, y otro ad valorem, que equivale al 51% del importe de venta. No obstante, para impedir que se puedan comercializar marcas a bajo precio se ha establecido también un sistema de doble impuesto mínimo.
Así, en la práctica, las marcas que vendan por debajo de 3,92 euros están obligadas a pagar al menos 2,76 euros y las que que lo hagan a menos de 4,10 euros deben abonar un mínimo de 2,57 euros. Son 128,65 o 138 euros por cada mil cigarrillos dependiendo de cada caso. Es un sistema similar al que adoptaron en 2005 Italia, Francia, Irlanda y Austria.
Una cuestión judicial
El origen del problema radica en que una pequeña empresa tabaquera italiana, Yesmoke, denunció este sistema en un juzgado de su país. Éste planteó a su vez una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo y la sentencia dictada por el mismo no deja lugar a duda: los estados miembros de la Unión Europea deben cambiar el sistema de doble mínimo y fijar tan sólo uno. La cuestión está ahora en que dependiendo dónde se fije el umbral por debajo del cuál se paga el impuesto mínimo los precios pueden subir en mayor o menor medida.
Fuentes de Hacienda aseguran que se está analizando ahora la sentencia, admiten que se "se trata de un tema complicado" e insisten en que "la solución requiere tiempo". El Gobierno quiere evitar a toda costa una subida de impuestos cuando está a punto de iniciarse un periodo electoral, pero sabe al mismo tiempo que está obligado antes o después a cambiar la fiscalidad, sobre todo si alguna empresa lo denuncia ante algún tribunal, ya que en ese momento la aplicación de la sentencia dictada por Luxemburgo sería inmediada.
Sin denuncias
Aunque de momento nadie ha presentado una denuncia aquí, según explican en la industria, sí que ha habido ya una pequeña distribuidora que ha reclamado en Bruselas ante la Dirección General de Comercio la eliminación del doble impuesto mínimo.
Y la sentencia de Luxemburgo es clara en el sentido de que indica que "los Estados miembros podrán gravar con un impuesto especial mínimo los cigarrillos", pero nunca con un doble sistema, como ocurría hasta ahora. En el sector, mientras tanto, crece la batalla abierta por dónde se sitúa ese mínimo.
El Gobierno se está reuniendo con todos los implicados y hay compañías como Japan Tobacco International (Camel y Winston) o Philip Morris (Marlboro y Chesterfield) que defienden que lo ideal sería un sistema que mantenga la estabilidad actual para evitar guerras de precios y que no crezcan sobre todo las marcas baratas, lo que en su opinión incita además a fumar a los más jóvenes.
Un mínimo más alto
Para algunas de estas empresas, el impuesto mínimo debería saltar a partir del 100% de lo que se conoce como el WAP ( Precio Medio Pondeado, según sus siglas en inglés), es decir el precio medio del segmento más vendido, y debería tenerse en cuenta no sólo los impuestos especiales sino también el IVA.
En la práctica, eso significaría que el mínimo no se aplicaría ya a partir de 4,1 euros, sino desde 4,4 euros, que es el WAP actualmente en España. Esto obligaría a las marcas más baratas a subir sus precios, con lo que las más caras podrían hacer lo mismo manteniendo el diferencial. "Los técnicos de Hacienda ya han analizado la sentencia y saben qué es lo que tienen que hacer. España debe además subir el mínimo cuánto antes, porque si no se arriesga a que Bruselas le obligue a ello", aseguran en el sector.
Pero no todos opinan igual. Otras empresas del mercado, las que tienen marcas con un alto volumen de ventas a precios más bajos, como es el caso de Altadis, la dueña de Fortuna y Ducados, insisten por el contrario en que hay que "mantener el diferencial de precios entre unas y otras para que pueda haber un equilibrio y el mercado no sufra un desplome", especialmente si la subida es muy alta. Al contrario que sus competidores, Altadis recuerda que "no hay ninguna prisa por cambiar la fiscalidad", salvo que hubiera alguna denuncia.
Caída de las ventas
El contrabando de tabaco, unido a la crisis económica, ha provocado que las ventas de cigarrillos se hayan desplomado en España un 53% entre 2009 y 2014, lo que, entre otras cosas, ha conllevado reestructuraciones de empleo. La última fue el pasado diciembre, cuando Altadis anunció el recorte del 11% de la plantilla con la salida de 77 trabajadores de sus fábricas de Logroño y Santander.
Uno de los temores del Gobierno, más allá de las dificultades que podría implicar una subida de impuestos en periodo electoral, radica en que la imposición de un impuesto mínimo con un umbral de precio muy alto puede provocar un nuevo hundimiento de las ventas y de la recaudación. Ahora no hay ninguna marca que se venda por debajo de 3,92 euros, con lo que no se aplica nunca el mínimo incrementado -2,76 euros frente a los 2,57 que se fijan por debajo de 4,1 euros por cajetilla- pero una subida muy fuerte del nuevo mínimo único podría provocar aumentos elevados de precios.
El Gobierno modificará los impuestos del tabaco
