El informe pericial realizado por los inspectores del Banco de España a petición de la Audiencia Nacional ponen en cuestión no sólo los estados contables que se presentó Bankia en la primavera de 2011 para su salida a bolsa, sino que pone en entredicho el precio fijado para las acciones y las operaciones para que algunos inversores acudieran a la misma para que el debut fuera un éxito.
Los peritos apuntan al consejo de la entidad, presidido por Rodrigo Rato, y al auditor Deloitte, ya que los estados no expresaban la imagen fiel de sus estados y que las cuentas tuvieron que reformularse unos meses después. Por lo tanto, 350.000 inversores (tanto institucionales como particulares) adquirieron sin conocer los números reales del grupo financiero.
Los inspectores, que trabajan en la investigación del denominado caso Bankia, apuntan a una serie de presuntos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, ya que se aprobaron de una manera poco ortodoxa y se utilizó a clientes y socios para que la salida a bolsa no fracasara y la entidad pudiera evitar la petición de nuevas ayudas públicas. Entonces ya había recibido 4.450 millones de euros.
Sin concurrencia
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, relata que la cúpula del grupo tuvo que rebajar el precio de las acciones ofertadas en un 74%, frente al 40 de máximo que se había aprobado en la Comisión Ejecutiva meses antes para explorar la colocación en el parqué. Ante la falta de demanda de títulos por parte de inversores tanto nacionales como internacionales el banco tuvo que reducir el valor. Y que se apoyó en diferentes socios, como Mapfre o Caser, para alcanzar su objetivo. Los inspectores sostienen que la fijación del precio "no fue un modelo de concurrencia pues se realizó en base a las ofertas de 29 grupos económicos acreditas, algunos con relaciones de dependencia" respecto a BFA-Bankia. Destacan que sin las órdenes de compra de Mapfre, que eran muy superiores al del resto, "no se hubiera alcanzado el mínimo exigido por la CNMV".
Además, el documento resalta que la adquisición de acciones por parte de clientes empresariales "con riesgos refinanciados y retrasos generalizados en el pago de sus préstamos". De la veintena de firmas sobresalen Hercesa, Salvador Vila y Espacios para Vivir con una inversión de entre 250.000 y 300.000 euros. Los peritos consideran que estas operaciones son "incomprensibles", teniendo en cuenta que no podían afrontar sus deudas.
El informe, asimismo, hace referencia a las ventas inmediatas de acciones por parte de los inversores, lo que "pone en duda el interés real de algunos inversores". Entre todos, destaca la Cámara de Comercio de Madrid.
Los peritos concluyen que el descuento volvió inviable BFA, matriz de Bankia, y causó un perjuicio a los accionistas y acreedores. Tras la nacionalización, la mayor parte sufrió pérdidas cuantiosas.
Deloitte ignoró una decena de errores
