El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha pronunciado sobre la factura del almacén de gas Castor, después de que Escal, firma controlada por ACS, haya renunciado a la concesión. Según ha explicado, el decreto de 2008 que autorizó la construcción del almacén prevé una indemnización por el valor residual de la inversión, por lo que el Ejecutivo debe pagarla.
"Hay que actuar de acuerdo con lo que se establece en el Real decreto de 2008 y que prevé que en el caso de renuncia tiene que haber una indemnización", ha explicado Soria, quien ha añadido que el Gobierno no tiene "otra opción" que acatar lo que establece dicha normativa.
Falta todavía por conocer a cuánto ascenderá dicho reembolso. En este sentido, Soria ha detallado hoy que se realizará por el "valor residual de la inversión".
Según ha explicado en una entrevista en la Cope, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy declaró la lesividad de esta condición, pero que el Tribunal Supremo rechazó suprimir el supuesto de la indemnización en caso de renuncia, un derecho que Escal podía conservar durante 25 años a contar desde el otorgamiento de la concesión.
La renuncia
La compañía de Florentino Pérez inició el miércoles los trámites para abandonar la concesión presentando la solicitud para obtener la autorización a sus financiadores, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la asamblea de titulares de los bonos.
La participada de ACS colocó en julio de 2013 una emisión de títulos project bond por valor de 1.400 millones de euros para sustituir a la financiación financiera que se había solicitado a un sindicato de 19 bancos para costear el proyecto.
La operación supuso el estreno de estos bonos, una emisión asociada a un proyecto de infraestructuras que cuentan con garantía del BEI de unos 200 millones. Además, esta entidad compró bonos de la emisión por 300 millones de euros. Estos primeros bonos de proyecto se lanzaron con un plazo de vencimiento de 21,5 años y fueron suscritos en un 80% por inversores extranjeros.
La contribución del Gobierno
A modo de defensa, el ministro de Industria ha recordado las acciones puestas en marcha por el Gobierno a lo largo de los últimos dos años para minimizar el impacto de Castor.
Según enumeró, se ha reducido la remuneración aprobada años atrás para este almacenamiento de gas y se ha establecido la obligatoriedad de que antes de tener la apertura definitiva hubiese una apertura provisional. Gracias a esta última imposición, destacó Soria, ha sido posible "suspender la actividad cuando empezaron a detectarse movimientos sísmicos".
El almacén de gas ha estado permanentemente acompañado por la polémica. Para empezar, por los elevados costes que ha conllevado su construcción, previstos en un inicio en 600 millones de euros y que finalmente han superado los 1.400 millones. Después llegó el escándalo de la mano de los más de 500 terremotos que que se sintieron en la costa de Castellón debido a la actividad del Castor.
El Gobierno decidió paralizar el llenado de la instalación el 26 de septiembre de 2013 cuando los seísmos alcanzaron niveles de 4,2 en la escala de Richter pero ACS siempre había insistido en su rápida puesta en operación a lo largo de 2014.
¿Y ahora quién paga el Castor?
