El Gobierno y ACS velan sus armas para una gran batalla legal que puede prolongarse durante años. La compañía de Florentino Pérez inició ayer los trámites para abandonar la concesión del polémico almacén de gas Castor, lo que supondrá un duro enfrentamiento con el Ministerio de Industria para determinar si la constructora y su socio Escal tienen derecho a cobrar por esta instalación que ha provocado más de 500 movimientos sísmicos en la provincia de Castellón y un escándalo por su elevado coste, previsto en un primer momento en 600 millones y finalmente en 1.461 millones, más del doble.
La compañía que preside Florentino Pérez tenía de plazo para tomar una decisión sobre la viabilidad del Castor antes de finalizar noviembre, ya que a partir de esa fecha estaba obligada a hacer frente al primer pago del bono que emitió en Luxemburgo para financiar la instalación sin que la planta hubiese podido entrar en funcionamiento.
El Gobierno decidió paralizar el llenado de la instalación el 26 de septiembre de 2013 cuando los seísmos alcanzaron niveles de 4,2 en la escala de Richter pero ACS siempre había insistido en su rápida puesta en operación a lo largo de 2014.
La compañía, no obstante, abandonó ayer al confirmar ante la CNMV su intención de revertir al estado esta instalación tras haber solicitado permiso a sus bonistas y al Banco Europeo de Inversiones, que aportó 200 millones a través de los llamados Project bonds, para poder dejar la concesión.
La compañía deja en el aire cuando tendrá los permisos necesarios y realizará la solicitud formal, pero entretanto pasa la patata caliente al Gobierno en la antesala de una reforma del gas.
El Ministerio de Industria cogió ayer rápidamente el guante y explicó que mantiene la suspensión de la actividad de la instalación hasta que no se emitan todos los informes que sean necesarios para garantizar su seguridad. De este modo, según el Gobierno, hasta que no se presente la decisión definitiva no adoptarán ninguna decisión administrativa.
A partir de que se realice esa notificación será cuando el ministro de Industria tendrá que aclarar cómo hace frente a la reversión y previsiblemente comience el pleito entre ambas partes.
As en la manga
ACS cuenta con un as en la manga que le facilitó sorprendentemente el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, con el que mantenía una excelente relación. El por entonces titular de la cartera garantizó una retribución de más de 1.272 millones antes de la entrada en operación de la planta en una orden aprobada apenas unos días antes de finalizar la legislatura. El Gobierno recurrió esta concesión en los juzgados el 11 de mayo de 2012 -antes de que se iniciaran los seísmos- para tratar de evitar este pago, pero el Supremo dejó claro en una sentencia de octubre de 2012 que se debería demostrar la existencia de "dolo o negligencia" para evitar el desembolso del valor neto de la instalación que parecen obligados a pagar si se revierte la instalación amparándose en el llamado artículo 14 que autorizaba la concesión administrativa de Castor.
Industria, por el momento, descarta desmantelar la planta, ya que consideran que es preferible esperar a tener disponibles todos los datos de las causas de los seísmos, pero los cálculos existentes indican que este procedimiento tendría un coste de entre 200 y 400 millones.
Varios alcaldes y plataformas ciudadanas de la zona ya han realizado este planteamiento al Gobierno, que además sabe que su puesta en operación o el pago de la instalación supondrá un aumento del coste de los peajes del gas del orden del 8 por ciento que repercutiría en el recibo en una subida cercana al 3 por ciento para todos los consumidores.
Guerra de informes técnicos
El Gobierno trabaja durante estos días en la reforma del gas y el tamaño de su ajuste estaba en gran parte ligado al futuro de este almacén. Si la instalación entraba en operación, un extremo poco probable a corto plazo tras el informe del Instituto Geológico que ligaba los terremotos al Castor, el recorte debía ascender a 370 millones. Por el contrario, si se optaba por tener la instalación cerrada, la reducción era considerable y los ajustes se limitaban a 270 millones.
Según fuentes consultadas por elEconomista, la puesta en marcha de Castor hubiese supuesto un desembolso a lo largo de los próximos veinte años de un total de 4.000 millones en retribuciones para este almacén, lo que hubiera disparado el déficit del gas.
El Gobierno, por su parte, no es partidario de tomar una decisión acelerada sobre la planta, ya que considera que la cantidad invertida es considerable y hay que saber si los movimientos sísmicos han terminado o pueden replicarse en un futuro.
Industria decidió pedir más información al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Standford antes de pronunciarse sobre el futuro de esta instalación y su seguridad.
Al mismo tiempo, ACS y Escal jugaron sus cartas y presentaron al Ministerio el pasado 17 de enero el documento final de la auditoría encargada a la consultora DNV. Según dicho informe, Escal -que se encargó de la obra- trabajó con la orientación del Instituto Geológico y Minero en lo que respecta a los terremotos (sismicidad inducida).
Según el documento, que consta de más de 500 páginas, la inversión total realizada por ACS y Escal asciende a 1.461 millones y ahora esta auditoría podrá ser utilizada en la batalla judicial.
DNV aseguraba que en el análisis de diseño no se había detectado ningún problema de importancia en cuanto a la capacidad de la planta de cumplir sus requisitos de inyección y producción, y la elección de la maquinaria y las instalaciones "parece segura".
La auditora cree que en el análisis del diseño técnico de los pozos y la perforación se ha estudiado con detalle el número, las funciones y la calidad de los pozos perforados y se ha observado que, "en lo fundamental, han sido planificados y perforados con profesionalidad". El análisis medioambiental ha demostrado que el cumplimiento de la normativa ha sido vigilado de cerca a lo largo de todo el proyecto y que no existe ningún aspecto que cause preocupación.
En el análisis del reservorio se ha observado que Escal ha adoptado medidas para garantizar la compresión del almacén, la contención de hidrocarburos, la vigilancia de las estructuras subterráneas, que había construido modelos de reservorio en consecuencia, y que había planificado las operaciones de almacenamiento de gas con las restricciones recomendadas por los especialistas de diseño técnico del subsuelo.
DNV efectuó un ejercicio de verificación basado en un elevado nivel de riesgo base para establecer si las instalaciones habían sido construidas conforme a unos parámetros suficientes de diseño técnico de seguridad e integridad. La conclusión es que las instalaciones han sido construidas en general conforme a los parámetros europeos normales. DNV además a lo largo de su informe realiza un estudio sobre tres alternativas para la configuración de la instalación para descubrir la sensibilidad que esos cambios podrían tener sobre los costes totales. Los resultados que ha logrado "demuestran que, de hecho, la diferencia de costes es marginal, situándose en una cifra inferior al uno por ciento".
El presidente de ACS, Florentino Pérez, no obstante, restó importancia a los seísmos de Castellón en una reciente entrevista en La Sexta en la que también anunció su intención de dejar la compañía en manos de Marcelino Fernández Verdes.
La Fiscalía Medioambiental de Castellón, entretanto, mantiene abierto la investigación penal por los seísmos y por el momento poco se sabe de su desarrollo.
Enagas se libera
Uno de los ganadores con la decisión adoptada ayer por ACS será Enagás. La compañía tenía una opción de compra firmada que tras esta decisión quedará rota, ya que el requisito básico era su entrada en la operación.
La CNMV pidió el pasado mes de diciembre información a ACS sobre sus cuentas y en una polémica respuesta aseguraba que prácticamente no tenía control sobre esta planta, que en realidad se convertiría en propiedad del gestor técnico del sistema. Este extremo, desvelado por elEconomista, provocó la airada reacción de la compañía que preside Antonio Llardén, que se vio obligada a emitir un hecho relevante en el que se desvinculaban de la propiedad de la planta. La CNMV por el momento no ha tomado cartas sobre este asunto.
ACS renuncia a la concesión de Castor
