Empresas y finanzas

El presidente de Pescanova vendió un 7% de su capital entre diciembre y febrero

  • La ley obliga a los consejeros a comunicar cualquier cambio en cuatro días

La compañía gallega ha confirmado que su presidente, Manuel Fernández Sousa, vendió un 7% del capital de Pescanova entre los meses de diciembre, enero y febrero, tal y como adelantó elEconomista.

Estas ventas se realizaron antes de que la empresa solicitara el preconcurso de acreedores, el pasado 1 de marzo, aunque Sousa se defiende argumentando que se trataba de una operación para ayudar a la empresa mediante un préstamo y "aportar liquidez".

La compañía explica que "estas ventas generaron importantes pérdidas a Fernández de Sousa", y añade que hoy ha procedido a enviar la documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No avisó al regulador en su momento

Según su último anuncio público, el pasado septiembre, el presidente controlaba un 14,4% del capital, pero la CNMV sospechaba que el porcentaje real era inferior. De acuerdo con el comunicado de hoy, Sousa controla actualmente un 7,45% de Pescanova mediante las sociedades Inverpesca y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, por lo que sigue siendo el mayor accionista.

En base a la Ley, cualquier miembro del consejo de cualquier sociedad cotizada ha de comunicar al regulador bursátil cualquier cambio de participación en un plazo máximo de cuatro días. El regulador ha modificado hoy sus registros para reflejar el citado movimiento de capital.

En los tres meses en los que el presidente del grupo realizó las ventas de acciones, estas se movieron entre los 13,76 y los 17,99 euros, lo que para una participación del 7% equivale a entre 27 y 36 millones de euros.

Vender acciones para prestar dinero

El comunicado defiende que "Fernández de Sousa insiste en que, preocupado por la situación de tesorería del Grupo y las dificultades que Pescanova tenía para financiarse, decidió poner su patrimonio a disposición de la compañía para resolver problemas urgentes de liquidez. Y, por tanto, dio instrucciones a los administradores de sus sociedades para que el dinero neto resultante de la venta se utilizara de esta manera".

"Manuel Fernández de Sousa aportó a la CNMV los documentos que acreditan la entrega a la compañía de estos préstamos a principios de febrero. Y esto es muy significativo porque en aquellos momentos, seguía intacta la imagen de Pescanova", explica el comunicado.

elEconomista informó ya el pasado 5 de abril que Fernández de Sousa se había visto obligado a vender acciones para afrontar problemas de liquidez. Su posición por lo tanto es de máxima debilidad ante los tres accionistas que cuestionan ahora mismo su gestión -Damm, Luxempart e Iberfomento-, que suman en conjunto un 15,37% de las acciones.

Hoy ha solicitado el concurso

Por otro lado, Pescanova ha presentado finalmente este lunes ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, la solicitud de concurso voluntario de acreedores, según informó la firma gallega en un comunicado.

La compañía asegura que "tiene la firme voluntad de presentar en el curso del procedimiento una propuesta de convenio a sus acreedores que posibilite el mantenimiento de la actividad y por, ende, el empleo y la generación de valor".

Pescanova también está obligada a presentar hoy ante la CNMV las cuentas del último ejercicio, que están pendientes desde el pasado 28 de febrero. En caso de que no respondiera al requerimiento, que las cuentas no sean válidas -deben estar aprobadas por todos los administradores y la empresa ni siquiera ha convocado al consejo para ello- o que se detecten indicios de delito, la situación de la compañía podría agravarse aún más.

La CNMV, que está investigando un posible uso de información privilegiada en Pescanova, ha requerido a la sociedad en varias ocasiones a presentar detalles de sus cuentas de 2012 que no han sido firmadas por el consejo y tampoco auditadas.

En la batalla que se libra en torno al consejo de la empresa, cuya deuda podría ser hasta 1,7 veces superior a la declarada, el pasado jueves el supervisor bursátil se reunió con los accionistas críticos con los gestores, que se quejaron de falta de comunicación y ausencia de información relevante.

La firma gallega, según fuentes conocedoras de su situación económica, podría incurrir en pérdidas, con una deuda de 2.700 millones de euros, es decir, unos 1.200 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).

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