Se acabó el plazo. Pescanova está obligada a presentar hoy ante la CNMV las cuentas del último ejercicio, que están pendientes desde el pasado 28 de febrero. En caso de que no respondiera al requerimiento, que las cuentas no sean válidas -deben estar aprobadas por todos los administradores y la empresa ni siquiera ha convocado al consejo para ello- o que se detecten indicios de delito, la situación de la compañía podría agravarse aún más.
Fuentes financieras próximas al caso aseguran que, en ese caso, podrían abrirse varias posibilidades. "Lo más probable es que se iniciara una actuación por parte de la Fiscalía, bien de oficio o bien a petición de la CNMV, pero tampoco es descartable que el supervisor de los mercados se viera obligado a intervenir la empresa y forzar la salida de los actuales administradores", aseguran.
La CNMV asegura sin embargo en que hasta que no se presenten las cuentas no se tomará ninguna decisión, insistiendo en que hay que ir paso a paso.
"Todavía no se está planteando ninguna hipótesis", explica un portavoz. La intervención sería un caso absolutamente inédito en la historia empresarial española y presenta numerosas dificultades ante la falta de recursos suficientes por parte del supervisor para asumir la gestión.
Actuación rápida
A la espera de lo que ocurra hoy, el supervisor está decidido a actuar lo más rápido posible para evitar un deterioro aún mayor de la empresa. Tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia están siguiendo también muy de cerca los movimientos de Pescanova y la preocupación es máxima. Se trata de la segunda multinacional gallega, sólo por detrás de Inditex, y, sobre todo, de una empresa que da trabajo a 10.000 personas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró la semana pasada convencido, en este sentido, de que la CNMV ejercerá sus funciones respecto a la pesquera de forma "adecuada y rápida".
El problema es que la negativa del presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, a agotar los tres meses de preconcurso que le quedaban para negociar con la banca y el retraso de casi 15 días para la presentación del concurso desde que se tomó la decisión, no hace sino agravar aún más la situación.
Algunos acreedores se están planteando ya ante todo ello la solicitud del concurso necesario, que en caso de aprobarse, supondría su cese inmediato y el nombramiento de una administración judicial. Esto podría ocurrir también, no obstante, en el caso de que interviniera la Fiscalía o de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la querella presentada por los accionistas minoritarios -la dirige Joaquín Yvancos, el antiguo abogado de Rumasa- y el juez decida apartar de sus funciones a los actuales administradores como medida cautelar.
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 5 de abril, la banca acreedora, que contrató a KPMG como asesor financiero, sospecha que Pescanova podría haber llevado a cabo operaciones ficticias, incluyendo la falsificación de contratos, para desviar dinero. De hecho, BDO, la firma auditora, a la que Pescanova responsabiliza ahora de todo, detectó operaciones sospechosas en paraísos fiscales.
La CNMV, que mantiene un expediente abierto, se plantea ya sancionar a la empresa por infracciones muy graves. Además de los movimientos sospechosos en las filiales, del desfase en las cuentas y de la deuda oculta y de mentiras sistemáticas respecto a las reuniones del consejo, se está analizando también si Fernández de Sousa redujo su participación justo antes de que se presentara el preconcurso de acreedores el pasado 1 de marzo sin habérselo comunicado previamente. Su participación declarada es del 14,4%. Pese a todo ello, la banca española se ha mostrado dispuesta a "levantar el concurso de acreedores a un año vista", frente a la extranjera que es mucho más reacia.
¿Vendió Sousa acciones de tapadillo?
