El Gobierno impondrá un arbitraje obligatorio en Iberia en el caso de que la huelga salvaje convocada por los sindicatos mayoritarios de la aerolínea golpee al turismo. Según explican fuentes conocedoras del proceso a elEconomista Transporte, el Ejecutivo se puede acoger en estos casos al Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
El artículo 10 recoge literalmente que "el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio".
En el caso de la huelga que han convocado seis sindicatos que representan el 93% de la fuerza laboral de Iberia (aunque en las movilizaciones podría participar cualquier trabajador, o sea, también los pilotos que también han mostrado su intención de sumarse a los paros), las pérdidas para la aerolínea en los 15 días de paros convocados podrían superar los 100 millones de euros. Pero más allá de este perjuicio para Iberia, son las consecuencias que podría tener para el turismo español, tanto para los viajeros que vienen a disfrutar de unas vacaciones en España, como a los clientes de gigantes hoteleros españoles que salen a otro país.
Situación insostenible
El arbitraje obligatorio sólo se aplicaría en el caso de que la situación fuera insostenible y que la huelga no se desconvocara y se sucediera varios días. Tanto el Ministerio de Industria como el de Fomento seguirán muy de cerca las consecuencias de los tres paros -de cinco días seguidos cada uno- en la conectividad y el turismo.
El miedo que existe en la cúpula de Iberia, según explican diferentes fuentes a esta revista, es que el Gobierno se extralimitASe en sus funciones e incluyera tras ese arbitraje una solución al ajuste de plantilla que la compañía ha propuesto a través de un laudo. Las mismas fuentes jurídicas consultadas no se ponen de acuerdo. Unas piensan que el Ejecutivo sólo podría poner en marcha un arbitraje para evitar los daños económicos de la huelga, pero que -a diferencia del conflicto con los pilotos de Iberia que fue sobre una cuestión referida al convenio colectivo- nunca podría derivar en un laudo.
Otras sí creen que el Gobierno aprovecharía esta figura legal para intentar una solución consensuada. En este segundo caso, el proceso se podría dilatar en el tiempo si ambas partes recurren el laudo, como ya ocurre con el primer dictamen emitido por Jaime Montalvo, que fue anulado por la Audiencia Nacional y se tuvo que repetir el proceso. Un portavoz oficial de Fomento preguntado por el arbitraje obligatorio para evitar los desastrosos efectos de la huelga, no hizo comentarios y se remitió a las declaraciones de Ana Pastor.
La aerolínea con sede en Barajas presentó ayer a todos sus trabajadores el ERE que ya anunció a comienzos de noviembre, pero en esta ocasión lo pondrá en marcha utilizando la reforma laboral. Así, tras unos días para que se constituya la comisión negociadora, los trabajadores tendrán como máximo -según marca la reforma laboral- un mes de periodo de consultas antes de que se aplique el recorte.
La intención es tener listo el despido de los 3.807 trabajadores (ayer se redujeron en 700 los 4.500 despidos iniciales) antes de que comience la campaña de verano a partir del próximo 1 de abril.
Este ERE supone un recorte del 17% (700 empleados menos) respecto a la primer cifra que dio la aerolínea. En un comunicado oficial, la compañía presidida por Antonio Vázquez aseguraba ayer que los despidos irán acompañados de un plan de acompañamiento social que pretende reducir el impacto en el empleo a cambio de medidas salariales, congelaciones, incrementos de productividad y flexibilidad. Por lo que, en función de lo que se negocie, podría disminuir la cifra de despedidos, fijada desde ahora en esos 3.807 empleados.
Desde el 1 de abril ya se quiere reducir la capacidad un 15 por ciento, como se había anunciado en el plan de transformación presentado a comienzos de noviembre. En la presentación del ERE no hubo avances y la reunión entre la dirección y los sindicatos acabó con una total división de ambas partes. UGT Metal (uno de los sindicatos mayoritarios de tierra de la aerolínea) pedía el cambio del equipo directivo en un comunicado y acusaba a Sánchez-Lozano de ser "el cáncer de Iberia", y "debe ser extirpado". En un clima así es imposible pensar en un acuerdo.
Coste diario de 10 millones
La ministra de Fomento, Ana Pastor, es consciente de las consecuencias económicas para el país de la huelga. Ayer aseguró en unas declaraciones que "España no puede permitirse perder más de 10 millones de euros al día". Pastor, que el lunes por la noche tuvo una reunión con los sindicatos y el consejero delegado de la compañía, Rafael Sánchez-Lozano, pidió a ambas partes que llegaran al "acuerdo y al entendimiento".
Iberia despedirá a 3.807 empleados
