El Gobierno tiene claro que no puede errar en la constitución del banco malo. Para ello es fundamental que más de la mitad del capital de esta sociedad inmobiliaria, que absorberá los activos tóxicos de las entidades ayudadas, esté en manos privadas. Es decir, que tienen que entrar en su capital inversores.
En estas circunstancias, el Ministerio de Economía va a incentivar lo máximo posible que tanto entidades financieras sanas, aseguradoras y fondos tomen una participación, aunque sea pequeña. Una de las ventajas será mejores precios que los exigidos para las rescatadas por sus inmuebles en el caso de que su desembarco se realice mediante una aportación en especie, según fuentes oficiales.
El Ministerio de Economía y el Banco de España consideran que lo deseable es que los inversores privados paguen en efectivo, pero dadas las circunstancias dará facilidades para que puedan entregar viviendas, suelos y créditos dañados al promotor a cambio de acciones. La valoración de éstos no se fijará como en el caso de las nacionalizadas, al no tener que ajustarse al régimen de ayudas públicas.
En principio, el banco malo no aplicará descuentos o éstos serán mínimos después de descontar las provisiones exigidas por la normativa para las entidades rescatadas. Para los accionistas las rebajas serán inferiores, por lo que la medida podría beneficiar a los grupos financieros sanos al poder elevar sus niveles de solvencia. Por un lado, podrían liberar parte de las dotaciones desembolsadas (la diferencia con el valor ofrecido) y, por otro, se reducen los activos ponderados por riesgos.
El mismo método es un aliciente también para atraer a los fondos inmobiliarios, pero todo dependerá de otras condiciones. En su caso los precios podrían ser, incluso, mucho mejores, ya que sus activos en propiedad son de mayor calidad, al tratarse, principalmente, de oficinas en alquiler, que cuentan con una menor penalización.
Entre las condiciones pesaría la rentabilidad a corto plazo, la liquidez del instrumento, las eventuales opciones de recompra, etc. Estos fondos, como otros de inversión, podrían participar en los fondos que pretende crear el banco malo para paquetizar los activos.
No a fondos buitre
Potenciales accionistas también son las aseguradoras. Las mismas fuentes sostienen que el banco malo está destinado para todos aquellos inversores que tengan compromiso de permanencia y con intención de rentabilizar el dinero a largo plazo. La vida de la sociedad inmobiliaria será de quince años. Tendrá este periodo para desprenderse de las viviendas, los locales y el suelo en propiedad.
De esta manera, el Ejecutivo descarta a priori a los llamados fondos buitre, cuya operativa consiste en adquirir a precios de derribo para sacar el provecho a corto plazo. No obstante, estos podrían comprar carteras de activos tóxicos del banco malo tras su constitución.
La regulación obliga a las entidades a provisionar de media los inmuebles en un 45%. Los pisos terminados, en un 35%; sin terminar, en un 65%; y el sueldo, en un 80%.
El 'banco malo' comprará los activos tóxicos
