Los problemas de Repsol con Argentina se han convertido en una cuestión de Estado. Mientras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner siembra la confusión al no aclarar la situación, el Ejecutivo español no descarta llevar a Argentina ante los tribunales internacionales ante una eventual nacionalización para defender los intereses de la mayor petrolera del país.
España tiene en mente también una batería de medidas diplomáticas y comerciales que podría activar en el caso de consumarse el ataque, tales como llamar al Embajador argentino a consultas o incluso presentar sendas denuncias ante el G-20 -organización a la que pertenece Argentina y que vigila la libertad comercial- o la Organización Mundial del Comercio.
Ayer, la noticia publicada por el diario Clarín sobre la posible expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino sembró la polémica. Según aseguraba, había conseguido el borrador del proyecto de Argentina para nacionalizar la filial de Repsol que contemplaría que la Casa Rosada se quede con el 50,01% de la compañía. Además de regular la importación de gas, el suministro interno de hidrocarburos o la creación de una especie de policía de las inversiones.
La presidenta compareció a medianoche (hora española) ante los medios argentinos, pero a pesar del revuelo mediático que ha provocado el proyecto de ley presentado por su Gobierno para la expropiación de YPF, no hizo ninguna declaración al respecto. Simplemente se limitó a anunciar cambios en el sector cárnico del país y su política de importaciones.
Más confusión
Además del silencio de Kirchner, las palabras del gobernador de una de las regiones petroleras han contribuido a agrandar los niveles de confusión. Tras participar en una reunión de las diez provincias con la presidenta ha asegurado que Argentina no maneja un proyecto de ley de nacionalización de la petrolera YPF.
"Todo está en análisis, no hay ningún proyecto de ley para nacionalizar YPF", ha afirmado Fellner, que ha actuado como portavoz de la reunión que mantuvo hoy la presidenta con los gobernadores agrupados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que reúne a las diez provincias petroleras argentinas.
El gobernador ha sostenido, según la agencia Noticias Argentinas, que el encuentro ha permitido "analizar en profundidad la reversión de las áreas" de YPF decretada por varias provincias argentinas.
Consecuencias
Por su parte, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho públicamente y sin titubear que "los intereses de Repsol son los intereses de España". La férrea defensa del Estado español va en respuesta a las maniobras del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus amenazas de nacionalización constantes, sin que hasta el momento se haya producido la misma oficialmente.
Eso sí, el relevo para meter el dedo en el ojo de Repsol lo tomaron las provincias petroleras, que no han escatimado en amenazas y en retirar poco a poco licencias de exploración y producción en siete provincias. Con estos movimientos, la petrolera, que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, ha registrado una hecatombe en su cotización hasta ayer. Una caída libre que no ha cesado desde que comenzaron los mensajes por parte del Gobierno andino.
Y no es para menos. Repsol ya ha perdido un 15% de su producción cuando ha invertido una cifra récord en 2011 para potenciar su actividad de upstream. El problema es que se trata de campos ya maduros, que han perdido potencial.
Pero los esfuerzos de la petrolera de nada han servido. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, lleva prácticamente dos meses de viajes constantes a Argentina en un intento de calmar los ánimos. Pero la presidenta Kirchner no ha tenido la deferencia de reunirse con el ejecutivo. Los encuentros se han limitado prácticamente a las reuniones con el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien no ha bajado el tono.
Lo más preocupante es que Argentina ha adoptado esta estrategia para evitar la caída constante de la producción y por ende reducir las importaciones de crudo al exigir mayores inversiones al grupo español. Pero los expertos ya advierten que es una decisión política y de dudoso impacto en la solución al problema energético nacional. Entre tanto, la petrolera ha acudido a los tribunales para denunciar una "persecución sistemática en Argentina".
Mucho ruido y pocas nueces
Y es que de momento sólo ha habido tres avisos de nacionalización, sin que de momento se haya producido, una incertidumbre que está castigando aún más a la cotización de la petrolera.
En un primer momento, se esperaba que Kirchner anunciara algún tipo de intervención en su discurso de apertura de las sesiones parlamentarias.
No lo hizo, es más, tan sólo dedicó unas escuetas palabras a la petrolera a la hora de comentar cómo ha golpeado a la economía argentina las importaciones de productos energéticos. Volvió a producirse una segunda fuerte embestida. Fue entonces cuando el Rey Don Juan Carlos medió por la petrolera española y Argentina agachó de nuevo la cabeza. Aunque eso sí, continuó la retirada de licencias por parte de las provincias argentinas.
El último aborto de nacionalización ocurrió ayer mismo, al desconvocar una reunión de la asociación de provincias argentinas, la Ofephi, el escenario donde supuestamente se anunciaría la entrada desgobierno argentino en el capital de YPF para controlar la gestión. En la jornada precedente, el país había lanzado un órdago a la petrolera al avisar de que o se convertía en semipública o de lo contrario perdería de forma definitiva el 15 por ciento de su producción.
En concreto, la intención de Kirchner era declarar de interés público el 50,01% de las acciones de la petrolera a través del paquete que posee el empresario argentino Enrique Ezkenazi (25%) y la propia petrolera (57%). El problema es que el valor lo establecería el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía.
Golpe para Repsol de Kirchner
