El año hidrológico no ha podido empezar peor para el campo. La falta de lluvias, que no terminan de llegar, junto a unas temperaturas excesivamente altas para la época del año, están teniendo ya consecuencias plausibles sobre la ganadería y la agricultura. De hecho, sus costes, por la pérdida de cosechas y por la necesidad de trasladar agua en camiones cisterna -en el caso principalmente de los ganaderos- están aumentando hasta en un 30%. "Los gastos que tenemos son los mismos, e incluso más, y la producción es menor. Hoy es entre un 20 y 30% más caro producir", explica Pedro Barato, presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Agua y Medio Ambiente.
Las asociaciones agrarias dicen que aún es pronto para calcular las pérdidas totales que tendrán que acarrear los agricultores en esta campaña, pero ya empiezan a dar cifras de algunos cultivos. Por ejemplo, UPA ya ha indicado que el 25% de la cosecha del olivar se ha perdido, mientras que según apunta Miguel Padilla, presidente de Coag-Murcia, también se habría perdido el 60% del cereal y entre el 20 y el 30% del olivar, y advierte de que "no solo existe el problema de las pérdidas de las cosechas, sino que no se va poder preparar la tierra para sembrar". La situación que describen las organizaciones agrarias no es muy halagüeña, aunque, según explica Andrés del Campo, presidente de la Federación Española de Comunidades de Regantes (Fenacore), "la gente está sembrando pensando que va a llover. Los últimos años no ha llovido para llenar los embalses, pero sí para salvar los cultivos".
Cambios en el Decreto-Ley
Tras tres años en situación de sequía, las esperanzas de muchos de los regantes se están agotando. Todos los cultivos, a excepción del arroz, y en todas las cuencas españolas van a sufrir pérdidas en las próximas campañas. Para paliar las consecuencias de esta sequía, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 10/2017 de 9 de julio para la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las cuencas hidrográficas afectadas, es decir, por el momento la del Duero, del Segura y del Júcar, aunque desde el Gobierno y las Cortes de Castilla-La Mancha ya se está solicitando que el Tajo entre en este grupo, al igual que el Guadiana, y eso a pesar de que esta última demarcación hidrográfica es una de las que se encuentra en una mejor situación, al 44,8% de su capacidad, frente al 37,5% de media en España.
Este Decreto-Ley establece exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de tarifa de utilización de agua, así como en el pago de la tarifa de conducción de las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y en la cuota de este año de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase, de las que se podrán beneficiar las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, Júcar y Segura hasta septiembre de 2018. Para ello, los agricultores tendrán que haber tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de lo habitual o que haya sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20% de la producción normal en zonas desfavorecidas y de un 30% en las demás zonas.
Estas exenciones de cánones y tarifas supondrán un ahorro a los regantes de casi 54 millones de euros. De estos, 37,2 millones de euros se ahorrarán los titulares de derechos al uso de agua para riego de la cuenca del Segura -más de 35 millones correspondientes a los regantes del trasvase-, 8,5 millones de euros los titulares de la cuenca del Júcar, y 8 millones de euros los regantes de la cuenca del Duero. En estas tres cuencas también se prevé que se puedan actualizar los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios.
Además, el Real Decreto-Ley incluye otras medidas que van más allá de estas demarcaciones hidrográficas. De las exenciones anteriores también se están beneficiando la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el Acueducto Tajo-Segura debido al uso de recursos de agua no habituales -pozos de sequía, contratos de cesión temporal de derechos, incremento de recursos no convencionales...-, necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones, afectadas por la sequía en la cuenca del Segura.
Por otro lado, establece que las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía, podrán obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive.
