La economía colaborativa es uno de los sectores en los que más se fijan los emprendedores cuando piensan en lanzar su propio negocio. Pueden ser proyectos baratos y centrados en cubrir necesidades básicas por lo que tienden a tener un nicho de mercado relevante. No declarar los ingresos de Airbnb puede salir muy caro
Sin embargo, este tipo de negocios se mueven en una zona gris dentro de la legalidad vigente, al menos en España. Por eso, desde Ad&Law, firma especializada en el asesoramiento a startups, advierten que "antes de lanzarse con una idea que se base en la economía colaborativa se informen sobre los riesgos legales que entraña y las posibles sanciones que pueden tener que asumir".
En este sentido, desde la asesoría señalan que la legislación española no ha evolucionado como la del resto de países del entorno, por lo que existen grandes riesgos regulatorios. Por ejemplo, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchos problemas de limpieza a domicilio es el de "qué clase de trabajador tienen", ya que Hacienda empieza a considerar que el papel de las startups como simples intermediarios desparece cuando el profesional solo trabaja con pedidos de esa empresa.
Falsos autónomos
Entiende Hacienda que, en este caso, se tratarían en realidad de falsos autónomos, una figural ilegal; mientras que las empresas se reafirman en que ellos simplemente intermedian entre clientes y profesionales.
En el caso del transporte de pasajeros, Hacienda considera que los conductores tienen dependencia total o muy importante de estas plataformas, y que estos deben cumplic con las condiciones que les marca la compañía, la inspección puede llegar a estimar que hay ajenidad por lo que corren el riesgo de ser sancionados e incluso pueden verse obligados a cerrar o trasladar el ámbito geográfico de su negocio.
Durante los últimos dos años también se han consolidado los servicios de reparto como el de comida a domicilio. En estos casos, al tener una demanda muy alta se necesitan muchos repartidores y, puede darse el caso, de que los motoristas que llevan la comida al cliente trabajen prácticamente al 100% para una startup, lo que podría llegar a entenderse como trabajadores por cuenta ajena por lo que deberían tener los mismos derechos que cualquier otro empleado del sector.
Para salvar este inconveniente algunas startups están subcontratando el servicio a otras empresas, que se extinguen cada cierto tiempo, o se han visto obligadas a hacer contratos por pocas horas.
Faltan nuevas figuras laborales
La firma explica que la inspección de trabajo ha fijado un criterio general contrario a las figuras que necesitan las plataformas de economía colaborativa, al menos para el lanzamiento y expansión de su actividad: autónomos con remuneración variable y que cumplan con todas las instrucciones técnicas de las empresas (algo que no tiene que ver con la figura de autónomo dependiente que ya existe en la legislación), contratos temporales sin tener que alegar las causas previstas en los convenios, flexibilidad en el establecimiento de los centros de trabajo, etc.
A esto hay que sumar la incertidumbre recaudadora del Estado que no ha decidido qué política fiscal tiene que seguir para obtener impuestos derivados de la actividad de empresas de economía colaborativa, tal y como ya obtiene de la economía tradicional. Así, aunque de momento la mayoría de las empresas de economía colaborativa sólo pagan los impuestos típicos (sociedades, IVA y, cuando crecen, IAE) se vislumbra la intención del Estado de recaudar más ya que Hacienda está obligando a casi todos los portales y marketplaces a enviar sus datos, referidos a ámbitos tan dispares como alquileres de viviendas, los trayectos en coche o la limpieza de hogares con el objetivo de recabar toda la información disponible sobre estas empresas.
