Atlantia y ACS reconocieron ayer que negocian para terminar con la competición por controlar Abertis que ambos desarrollan. El pacto consistiría en repartirse los activos de la concesionaria española, de modo que Atlantia se quedaría con las autopistas que posee fuera de nuestro país, principalmente en Italia, Francia y Latinoamérica.
En cuanto a ACS, le corresponderían las infraestructuras españolas de Abertis (y una pequeña parte de las latinoamericanas). El Gobierno ha propiciado este acuerdo. No en vano, ha visto en él una solución para las reservas que le provocaba la posibilidad de que la totalidad de Abertis quedara en manos de una empresa italiana (Atlantia), y se repitiera una situación semejante a la que plantó la también transalpina Enel con Endesa en la década pasada.
Ahora bien, cabe poner en duda la efectividad del pacto a la hora de preservar la españolidad de Abertis. Conviene recordar que ACS articula la OPA a través de su filial alemana, Hochtief. Por esa razón, se han hecho factibles posibilidades como que Abertis deje de cotizar en la bolsa española o que sus decisiones más importantes, aunque conserve representación en nuestro país, se tomen en la sede de la filial, en Essen.
Pero, además de no garantizar la españolidad de Abertis, el acuerdo del reparto de activos entre Atlantia y ACS tiene otro claro efecto. Sin duda, si el pacto fructifica, ambas empresas ya no se verían obligadas a prolongar su guerra de OPAs, con los costes de tiempo y financieros que eso supone. Pero, en paralelo, es obvio que las ofertas de adquisición se abaratan (como anticipó la caída de casi el 4% que sufrió ayer la acción de Abertis), lo que supone un golpe para el accionista minoritario.