La investigación sobre los presuntos desvíos de fondos en el Canal de Isabel II se extendió ayer a varias empresas. A nadie puede extrañar que un organismo público de la envergadura del Canal mantuviera contactos con múltiples firmas y está por demostrarse si hubo casos de vínculos delictivos. La misma presunción de inocencia protege a Esperanza Aguirre, pero ese hecho no impide sorprenderse de su reacción ante los acontecimientos.
Aguirre defiende que la investigación se centra en la adquisición de una empresa brasileña en 2013, cuando no era presidenta, pero las acciones emprendidas ayer muestran que el alcance es mayor (ya que se refieren a contratos con empresas, ya iniciada la década pasada). La posición de Aguirre es, así, difícilmente creíble.
